En su habitual reunión de los viernes, el Consell de Govern ha dado el visto bueno al plan de financiación de los consells y los ayuntamientos de las islas con el objetivo de que puedan desarrollar actuaciones en materia de servicios sociales. Por primara vez en la Comunidad, la oferta asistencial se igualará en la totalidad de municipios y se vigilará que se cumplan las ratios establecidas que, en el caso de los trabajadores sociales es de 1 profesional por cada 7.500 habitantes.
El Consell de Govern, a petición de la Conselleria de Afers Socials i Esports, que encabeza Fina Santiago, ha aprobado el Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos de las Illes Balears, que permitirá articular los programas y las prestaciones en este ámbito, así como establecer los criterios de financiación para el período 2020-2021.
Concretamente, el Govern destinará 23 millones de euros repartidos entre estas dos anualidades para los servicios sociales en cada isla. Durante estos dos años, el Consell de Mallorca recibirá 17.889.288 euros; el Consell de Eivissa, 2.565.856; el Consell de Menorca, 2.361.592, y el Consell de Formentera, 278.388.
Estos 23 millones que aporta la Conselleria se complementan con las aportaciones económicas que realizan los consells y los ayuntamientos. De este modo, el Govern aporta un 50 por ciento del coste, el Consell Insular, un 25 por ciento y cada uno de los ayuntamientos, el 25 por ciento restante.
Una de las principales novedades de esta convocatoria es que a partir de ahora todos los municipios dispondrán de la misma subvención por habitante y, por tanto, según el Ejecutivo autonómico, se garantizará que todos los ciudadanos de las Illes Balears dispongan del mismo acceso a la cartera de servicios sociales. Eso supone que, independientemente del municipio de residencia, la totalidad del contingente poblacional accederá a una misma oferta asistencial.
Otra de las novedades que incluye el Plan es que, por primera vez, se exigirá a los ayuntamientos que demuestren el cumplimiento de las ratios mínimas de profesionales asistenciales, que ahora mismo son las siguientes: un trabajador social por cada 7.500 habitantes; un educador social también por cada 7.500 residentes, y un auxiliar por cada 10.000 vecinos.
Como tercera novedad, cabe subrayar que este plan tendrá una vigencia plurianual, del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021, con el objetivo de mejorar la estabilidad tanto de los ayuntamientos como de los trabajadores contratados para realizar esta tarea social.
