Explotadores disfrazados de restauradores

La última y espectacular operación llevada a cabo contra diversos establecimientos de restauración de Palma ha culminado con 6 empresarios en prisión preventiva y una veintena de locales precintados por orden judicial. Solo este dato da idea de la envergadura de la trama desarticulada por la Policía y la gravedad de las acusaciones que pesan sobre los presuntos restauradores que basaban en gran medida el éxito de sus negocios en la explotación de sus empleados, la defraudación a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Y en la competencia desleal que sus actividades ilícitas suponían con respecto a los restauradores que en su inmensa mayoría desarrollan su negocio legalmente, como se apresuró en apuntar la asociación patronal Restauración de Mallorca.

Dos aspectos llaman la atención de este escabroso asunto. En primer lugar la fama y relevancia de los locales regentados por los acusados, ubicados en zonas estratégicas y muy concurridos. Por otro lado es llamativa la incomparecencia de las organizaciones sindicales, que parecen haber renunciado a cualquier actividad en defensa de los derechos de los trabajadores, fundamentalmente de los que sufren abuso o explotación. Debe ser que la representación de los funcionarios y de los trabajadores fijos y las reiteradas amenazas de huelga les absorbe toda su energía y no les quedan fuerzas para nada más. Ni los cursos de formación, ni los liberados ni los comités de empresa parecen servir de nada en estos casos tan graves y clamorosos donde solo la actuación policial tiene cabida, sin que los sindicatos tengan ningún papel ni nada que decir.