Evitar indemnizaciones en el asunto Ses Fontanelles

Al debate abierto sobre si en Mallorca hacen falta más centros comerciales se ha vuelto a sumar este lunes la posibilidad de que llegue a abrirse el complejo Palma Spring, en la zona de Ses Fontanelles, junto a Playa de Palma y muy cerca del aeropuerto.

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso que interpuso el Govern contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en la que se anulaba la decisión del Ejecutivo autonómico de denegar la autorización para construir el citado centro comercial. Tras esta decisión, el Govern tendrá que conceder la licencia comercial y su promotor, la empresa Unibail Rodamco, verá un poco más cercana la posibilidad de seguir adelante con el proyecto, aunque aún quedan impedimentos en el ámbito municipal.

La pelota está ahora en el tejado de Cort, quien denegó la licencia urbanística y dio por extinguida -el año pasado- la primera licencia de obras otorgada en el año 2014. En este asunto, los responsables municipales se han alineado junto a ecologistas y comerciantes, interesados los primeros en la protección del último humedal de Palma y los segundos, en proteger una actividad que sufre en sus cuentas de resultados la instalación de nuevas grandes superficies. La decisión de Cort, sin embargo, debe de estar sólidamente motivada si no quiere exponerse a acabar pagando indemnizaciones millonarias.

La seguridad jurídica, tan invocada en todas las actividades empresariales en las últimas épocas, debe ser escrupulosamente cumplida en asuntos como el de Ses Fontanelles, especialmente cuando sus promotores anuncian acciones para poder desarrollar su proyecto. La inversión prevista es de 225 millones de euros y el centro generaría un importante negocio en una zona muy cercana al aeropuerto y a un entorno de gran atracción turística como es Playa de Palma. Con un negocio de esta envergadura, sus promotores no están dispuestos a tirar la toalla.

Las administraciones pueden utilizar sus mecanismos para diseñar el modelo de ciudad que consideren mejor para los ciudadanos, pero deben actuar con precisión y con todas las garantías legales. Lo que no debería tener cabida es que los ciudadanos de Palma tengan que hacer frente a una compensación millonaria ocasionada por una mala gestión del asunto. Ya son muchos los casos en Baleares en los que el dinero de una mala decisión politica acaba saliendo del bolsillo de todos.