La Comisión de Ética Pública, organismo de reciente creación encargado de arrojar luz al escabroso ‘caso contratos’, por el cual las consellerias de Més otorgaron contratos a dedo y regaron con 154.000 euros de dinero público a su gurú electoral, Jaume Garau, comienza muy mal. El caso, que le costó el cargo el viernes pasado a la hasta entonces consellera de Transparencia, Cultura y Deportes del Govern, Ruth Mateu, se adentra en un territorio donde hay de todo menos transparencia y luz. Se ha decidido que sus reuniones, la primera de las cuales tuvo lugar este lunes, serán secretas y no publicará sus deliberaciones ni sus recomendaciones hasta que se informe a los interesados, lo cual constituye una auténtica tomadura de pelo, porque la transparencia a puerta cerrada, ni es transparencia ni es nada. Por si fuera poco, dicha Comisión está presidida por Lluís Bacigalupe, un alto cargo de Més per Mallorca, el partido que en este asunto está en el centro de las sospechas por haber beneficiado a su jefe de la campaña electoral de 2015.
Así pues, de momento no hay fecha para la comparecencia en el Parlament del vicepresidente del Govern, Biel Barceló, ni del conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal. No se ha puesto a disposición de la ciudadanía los contratos otorgados a dedo a Jaume Garau, ni su memoria justificativa, ni los presupuestos de las otras empresas que fueron invitadas a concurrir en los negociados sin publicidad, ni nada de nada. La opacidad y el secretismo son totales y únicamente se repite como un mantra que no se ha hecho nada ilegal, como si la palabra de Més per Mallorca y Més per Menorca fuera suficiente para despejar toda sombra de duda.
Por su parte, Garau no ha abierto la boca y se ha tragado un proceso de expulsión anunciado desde Més. Como si en este asunto el único que mereciera ser expulsado de Més fuera Garau, que ha cobrado dinero, pero no quienes se lo pagaron, auténticos cooperadores necesarios que merecen, al menos, idéntico castigo porque sin su concurso Garau no hubiera podido jamás embolsarse 154.000 euros en un año y medio, lo cual constituye un ejercicio portentoso de rentabilidad empresarial. Por cierto, que estaría bien que explicase cuántos trabajadores tiene su empresa, en qué régimen laboral están, las horas que están asegurados, sus titulaciones, etc., a fin de poder valorar la eficacia de su sociedad y la calidad de sus trabajos, o por el contrario, desvelar lo que muchos se temen, incluido el secretario general de Podem, Alberto Jarabo: que con los contratos a dedo se retribuía el trabajo que Garau realizó durante la campaña electoral que dirigió.
Encima, no acaba de haber acuerdo entre Més y PSIB para recomponer el Ejecutivo, pues tras el abandono de Més per Menorca, sus compañeros de Mallorca se han apresurado a reclamar la Conselleria con la que engrosar el número de sus altos cargos y áreas de gestión, en lo que sería un ejercicio de cinismo titánico, pues después de causar el problema -en palabras de los dirigentes de Més per Menorca-, pretenderían salir beneficiados sin que sus consellers -Barceló y Vidal- asumiesen ni la más mínima responsabilidad. Armengol, como presidenta del Govern, debe tomar decisiones y su silencio y la opacidad y secretismo en que se pretende cubrir este caso de presunta corrupción, deben acabar hoy mismo.
