Este jueves, en una operación ordenada por el juzgado de instrucción nº 13 de Barcelona, la Guardia Civil ha procedido al registro de varios edificios oficiales de la Generalitat de Catalunya y ha detenido a un total de 14 cargos públicos, entre los que figura el secretario general de la conselleria de Economía y Hacienda y número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové; el secretario de Hacienda, Josep Maria Salvadó; el director de patrimonio de la secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias, y la directora de servicios de la secretaría general de Vicepresidencia, Natalia Garriga. Todos ellos son estrechos colaboradores del vicepresidente Junqueras y se les acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos por su participación en la organización del Referéndum de autodeterminación convocado para el 1º de octubre y declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Todas estas detenciones y registros practicados (hasta un total de 41, según informó el TSJB), han permitido requisar casi 10 millones de papeletas, carteles de “local electoral”, actas de constitución de mesa electoral y otros documentos para la celebración del Referéndum. Esto, sumado a la incautación de cartas dirigidas a los miembros de las mesas electorales, hace que la celebración del Referéndum ilegal sea algo casi imposible.
Las detenciones han sido contestadas inmediatamente con la concentración de una gran multitud de independentistas a las puertas de las sedes de la Generalitat que estaban siendo registradas y también ante los domicilios de aquellos cargos públicos que también han sido registradas por orden judicial.
Muchos partidarios del Referéndum y contrarios a las actuaciones policiales y judiciales llevadas a cabo, presas de una gran indignación y de una decepción notables, han salido a las calles, no solo en Catalunya, sino en otros muchas ciudades. También en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de imponer un estado de excepción con supresión de los derechos civiles y una intervención “de facto” de la autonomía de Catalunya, pero tal cosa no se ajusta a la realidad porque las actuaciones no están ordenadas por el Gobierno ni por el Ministerio del Interior, sino por la autoridad judicial. Este pequeño detalle que la Generalitat y los independentistas omiten deliberadamente, demuestra que nadie está por encima de la Ley, aunque ellos crean que sí lo están.
Lo que está sucediendo era absolutamente previsible y enquista aún más el conflicto, porque las actuaciones que se llevan a cabo no van a solucionar el problema, pero al menos impedirán la celebración de un Referéndum ilegal que el Estado no permitirá de ningún modo que se lleve a cabo. La fuerza está de parte del Estado y la movilización ciudadana de parte de la Generalitat. Así pues, el enfrentamiento se mantiene y avanza rápidamente hasta alcanzar cotas que pueden ser incontrolables.
Desde un punto de vista balear, Més per Mallorca, Més per Menorca, Podem y Gent per Formentera, se han mostrado críticos con las detenciones y registros, además de firmes defensores del derecho a decidir. El Pi se muestra equidistante. Y PP y C’s apoyan al Gobierno y a las instituciones del Estado. Pero Francina Armengol dijo que con las detenciones de cargos públicos se han traspasado “líneas rojas”, obviando que las detenciones son ordenadas por la autoridad judicial en el ejercicio de sus competencias de investigación de hechos delictivos. Su posición tuvo que ser matizada por el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien defendió que las detenciones fueron ordenadas por un juez.
En todo caso hay que lamentar que los mismos partidos que el martes aprobaban una proposición no de ley para exigir al Gobierno que respetase la independencia judicial, el miércoles apoyaban movilizaciones ciudadanas contra detenciones y registros ordenados por un juez.
Esto demuestra que ellos no tienen ningún respeto por la independencia judicial ni por el cumplimiento de la Ley. El Referéndum que ellos ansían es ilegal y sin embargo les da igual y pretenden que nadie interfiera en su celebración, amparándose en un supuesto derecho a decidir. Quienes se han colocado al margen de la ley, pisoteando la Constitución, el Estatuto de Autonomía y ahora también el Código Penal, no pueden pretender que eso les salga gratis. Y menos por mucha turba que salga a la calle pretendiendo un imposible, que es la impunidad de los cargos de la Generalitat que estén relacionados con la comisión de delitos.
