"El Govern ni ha consultado ni pactado con la Felib el decreto urbanístico"

¿Por qué no se ha consultado a los ayuntamientos el decreto urbanístico aprobado por el Govern y que afecta de lleno a sus planeamientos?

Aquí nos encontramos con una cosa que está clara: un gobierno que publicita que la participación es un pilar fundamental de la democracia y que, según dice, trabaja desde la participación con los ciudadanos y los entes sociales, lo que no puede hacer es no consultar para nada este decreto ley. A nosotros no se nos ha informado de este decreto y mucho menos se ha pactado con los municipios. Cuando se emite una norma se tiene que consultar siempre a los agentes afectados; luego, en la práctica, ya veremos cuantos urbanizables están afectados.

Algunos alcaldes han criticado su 'seguidismo' al Govern con este decreto.

En este caso la Felib, desde el minuto uno, ya expresó su disconformidad. Otra cosa es que a nivel político, cada uno desde su partido actúe como lo considere. Insisto en que ya hemos expresado nuestro malestar porque no se nos ha consultado y porque en temas que atañen al municipalismo no se debe abusar de la figura del decreto ley.

¿En este caso tiene las manos atadas?

En este caso no se puede hacer nada porque un decreto ley solo se puede cambiar con otra ley por lo que el debate está en el Parlamento. La federación de municipios ya ha dicho que independientemente del contenido del decreto ley, las formas no son las correctas.

"La Felib tiene las manos atadas con el decreto ley urbanístico"

Algunos expertos aducen que la culpa es de los ayuntamientos que han tenido muchos años para desarrollar sus planeamientos y no lo han hecho.

Aquí hay algo que ha fallado. El plan territorial se preveía que tuviese una duración de 15 años hasta el 2019 y hasta este año sólo se habían adaptado seis o siete municipios. El 80 por ciento de los municipios no se han adaptado al plan territorial, por algo será. A esto hay que sumar que teniendo ya unas normas y unos urbanizables previstos, se hayan dejado de desarrollar urbanizables. Esto se puede deber bien a que hay mucho suelo y el consistorio no ha creído necesario meter presión y cooperar en el desarrollo de estos urbanizables y lo otro es que en algunos urbanizables hubiera una cierta dejadez en su desarrollo.

Pero sigue existiendo mucha confusión sobre el alcance real de este decreto ley.

Bien. Este decreto urbanístico, entre otras cuestiones, impide que los ayuntamientos posibiliten nuevas zonas de suelo urbanizable mientras quede el 15 por ciento de suelo con esta consideración sin desarrollar. Asimismo, se reduce la facultad de los municipios de delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable y descalifica los suelos denominados 'falsos urbanos' calificándoles como rústico común. Además y con el objetivo de reducir el consumo de agua, exige limitar las piscinas en suelo rústico. La idea es que se agote el suelo urbano potenciando la rehabilitación. Por útimo es importante tener en cuenta que esta normativa no afecta aquellos municipios donde ya existe una modificación del planeamiento.

Cambiando de tema, numerosos ayuntamientos critican la inseguridad ciudadana ante la falta de policías locales.

Seguimos con este problema. Nos encontramos que desde el final de la legislatura pasada venimos exigiendo un bolsín de interinos que pueda dar solución sobre todo en el tema de la segunda actividad de este colectivo. El núcleo del problema se concreta en estas segundas actividades ya que estas plazas se consideran ocupadas y es muy complejo cubrirlas. Desde la Felib se planteó un bolsín de interinos con 400 agentes pero entre el macroproceso de oferta de plazas y el bolsín nos encontramos con la sorpresa de que solo son aptos 149 aspirantes de la bolsa de interinos. Esto es insuficiente por lo que todavía siguen faltando agentes.

"Los ayuntamientos necesitan 400 policías locales, los que hay ahora son claramente insuficientes"

Algunos consistorios han puesto el grito en el cielo porque un año más no se aprueban los proyectos que presentan a la ecotasa.

El hecho es que el Govern nos invita a participar en la elaboración de proyectos que se van a baremar y puntuar. La Felib recoge estos proyectos y después resulta que ningún proyecto municipalista directamente obtiene un apto. No entendemos el porqué ningún proyecto municipalista pueda ser digno merecedor del dinero de la ecotasa. Puedo llegar a entender que si ellos recaudan la ecotasa, si se la quieran gastar y gestionar ellos mismos, por nosotros no hay problema, pero que no se invite a los municipios a presentar proyectos. Lo correcto sería que lo que se recauda en los municipios por la ecotasa, una parte de este dinero fuese repartido equitativamente a los consistorios.

Tras la pandemia, un alto número de municipios han acumulado un importante remanente de tesorería. ¿No sería aconsejable gastar este remanente en servicios y no acumularlo?

Curiosamente, aquí nos encontramos con múltiples trabas burocráticas y administrativas por lo que los ayuntamientos siempre nos sentimos subyugados ya que debemos hacer mil y un informes sectoriales para las diferentes consellerias y las tramitaciones se alargan eternamente. Por otra parte, te puedes encontrar conque, tanto desde el propio ayuntamiento como de otras instituciones, alguien haga aplicar la normativa de una forma muy restrictiva. Por ello, algunas veces por trabas burocráticas y otras por interpretación restrictiva de las normativas, nos vemos impedidos para gastar los remanentes de una manera adecuada y esto es injusto.

"La excesiva burocracia impide a los ayuntamientos gastar su remanente"

¿Entonces la culpa de que no se ejecuten servicios necesarios en los municipios es de la excesiva burocracia?

Sin duda alguna. Para que se haga una idea de lo que pasa, le diré que hay informes en Recursos Hídricos que tardan hasta un año y medio yendo todo bien; cuando la cosa no va bien estos informes se alargan hasta los tres años. Aquí estamos hablando de informes sectoriales de instituciones públicas para informar a otras instituciones públicas. Luego nos encontramos que estamos sometidos por parte de los Consells a informes de territorio, urbanísticos y dependiendo del calado del proyecto, éste tiene que ir a la Comisión Balear de Medio Ambiente o a otros ministerios. Por todo esto, muchas veces la gestión politica se ve muy mermada por la dificultad de la burocracia administrativa.