El lobby ecologista quiere marcar la agenda política

Una docena de entidades ecologistas -entre ellas, las principales con implantación en Baleares- exigieron este sábado que se declare el estado de emergencia climática en todos los municipios de las Islas. Los ecologistas instan a los ayuntamientos baleares a "incorporar y desplegar de manera inmediata" la nueva Ley 10/2019 de cambio climático y transición energética, y que se adopten "medidas concretas y urgentes" en materia de desclasificación de suelo urbanizable, contención de la movilidad, protección del suelo rústico y fomento de la agricultura ecológica. Es decir, freno a la construcción, al transporte y al turismo, a los que señalan como principales fuentes de las emisiones de dióxido de carbono.

Con este guión clásico, las entidades ecologistas quieren marcar agenda política a las instituciones surgidas de las elecciones del pasado mes de mayo, que supusieron la reedición de pactos de izquierda en el Govern, en el Consell de Mallorca y en un considerable número de ayuntamientos.

Més per Mallorca ya sufrió un notable desgaste político a cuenta de lo que fue interpretado por el movimiento ecologista como "una traición", especialmente por la construcción de la autovía a Campos. El movimiento quiere hacer valer esta fuerza y así lo visualizó el sábado con la comparecencia en bloque de doce representantes de otras tantas organizaciones ecologistas de Baleares.

Quizá temerosos de sufrir el descalabro de Més, o conscientes de que hay un nicho de votantes donde rascar apoyos, los de Podemos se han apresurado a calcar la petición de los ecologistas. Su secretaria general, y consellera de Agricultura en el Govern de Armengol, Mae de la Concha, salió el mismo sábado a señalar que la formación trabajará para que se declare el estado de emergencia climática en Baleares, con declaraciones en todas las instituciones de las islas donde gobiernan los podemitas.

Hace ya mucho tiempo que la protección del medioambiente forma parte del programa de todos los partidos políticos y entidades con representación social. Sin embargo, lo que los grupos ecologistas parecen pretender es que se incorporen sus postulados sin mayor discusión sobre el asunto, ejerciendo una notable presión sobre quienes -a diferencia de ellos- han sido elegidos por los ciudadanos. Es en este punto donde las instituciones públicas deben hacer valer su fuerza y priorizar el bien común frente a grupos -algunos manifiestamente minoritarios-, que tan sólo se representan a sí mismos y cuyos planteamientos significan, a menudo, un freno al progreso y el bienestar del conjunto de la sociedad.