El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado los trabajos de demolición de diferentes elementos en una vivienda de Roca Llisa que, según comunicó el Consistorio a Fiscalía, no se ajustaban a la legalidad y podían constituir un posible delito contra el territorio.
Según han explicado fuentes municipales, a finales del pasado año, el Juzgado comunicó al Ayuntamiento la obligatoriedad de que se ejecutara el derribo e indicó que si la propiedad no lo hacía por sí misma, sería la Administración local quien podía ejecutarlo y repercutir los costes a los infractores.
Finalmente, no ha sido necesaria la ejecución subsidiaria y ha sido la propiedad quien ha iniciado los trabajos, que serán revisados para determinar si se ha cumplido con la sentencia judicial.
El Juzgado Penal número 1 de Eivissa notificó al Ayuntamiento el pasado mes de julio que debía llevar a cabo el derribo, de manera subsidiaria, de parte de los elementos anexos a una vivienda de la calle Lluis Grasset de Roca Llisa, conocida como Cas Calero.
El Consistorio comenzó a solicitar presupuestos a diferentes empresas e inició la redacción del proyecto de demolición.
Ante la inminencia de la actuación municipal, la propiedad decidió no atrasar más el cumplimiento de la orden judicial y comunicó que se haría cargo de las obras.
En concreto, las actuaciones que se están ejecutando son la eliminación del pavimento de hormigón en la rampa de acceso y la zona de estacionamiento, la eliminación de la base de hormigón y la cubierta de gres del camino de acceso a la caseta de calderas y desaladora o la destrucción de una instalación para barbacoa, entre otros trabajos.
Las demoliciones son parte de la sentencia que condenaba también a un año de cárcel a la propietaria, S.D.K. por delitos contra el medio ambiente y desobediencia al Consistorio.
La resolución data de abril de 2010, aunque el procedimiento se inició en 2005.
El Consistorio constató que se habían ido iniciando diversas construcciones, todas justificadas en una licencia de obra menor.
