Emboscada fiscal

El plan remitido a Bruselas por el Gobierno de Pedro Sánchez prevé aumentar en 33.447 millones de euros los ingresos tributarios del próximo año. Una parte considerable de este aumento procederá, según los cálculos del Ejecutivo, de la recaudación por el despegue de la actividad económica en 2021, mientras que en torno a una quinta parte procederían de una importante subida de impuestos.

De hecho para 2021 y 2021, Hacienda prevé recaudar hasta 8.300 millones de euros más por la subida de impuestos o la creación de nuevas tasas. En este sentido, el Gobierno ha informado ya a Bruselas que la presión fiscal en España alcanzará en 2020 un 37,7 por ciento del PIB, la más alta jamás comunicada. Un golpe fiscal que contrasta con las decisiones que están adoptando en sus países nuestros socios europeos.

La receta clásica pasa, en esta ocasión, por gravar más las bebidas azucaradas, los servicios digitales -la llamada Tasa Google-, las transacciones financieras -Tasa Tobin- o los consumibles y envases de plástico de un solo uso. Pendiente aún por concretar la subida de impuestos -o liquidación de exoneraciones- a las rentas altas, las sociedades y el conjunto de las clases medias, tal y como demandan sectores del Gobierno, la fórmula prevista recaerá sobre una economía asfixiada y se extenderá por el conjunto de ciudadanos de forma lineal, sin tener en cuenta ninguna progresividad, como si se tratara de una emboscada de la que es imposible salir.

Más impuestos, sobre todo en un escenario post-pandemia, no ayudarán a acelerar la recuperación; más bien al contrario, retraerán el consumo y frenarán las inversiones, reduciendo las posibilidades de crear riqueza y puestos de trabajo.

Mientras se espera la llegada de los recursos europeos prometidos -que pueden retrasarse sobre lo previsto- y ante la urgente necesidad de hacer frente al coste que supone la tremenda crisis económica y sus consecuencias, sería oportuno actuar más en la columna de gastos, reduciendo al máximo todos aquellos que no sean imprescindibles para el funcionamiento del Estado, siguiendo la lógica de cualquier economía doméstica o empresarial.

Ya antes de la pandemia, tanto la UE como el FMI insistían en la necesidad de acometer ajustes para frenar el déficit público, reducir la deuda, reformar el sistema de pensiones y acabar con la temporalidad del mercado laboral. Ahora, la situación actual no ha hecho sino empeorar el panorama y, de momento, esa acción para contener el gasto no parece entrar en la ecuación del Gobierno, donde hay pesos pesados que apuestan más por una economía subsidiada que por aquella que genere crecimiento. De ahí, la espectacular subida de impuestos que vamos a sufrir.