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El ungido y su doctrina (y II)

jueves 27 de noviembre de 2014, 16:57h

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La sopa de medidas económicas y sociales que propone el movimiento que encabeza Pablo Iglesias es como para echar a correr y no parar hasta llegar a Andorra. Para empezar, los métodos propuestos para la redistribución de la riqueza son, a saber, la confiscación de la propiedad privada –que por cierto, prohíbe la Constitución en su artículo 33- en forma de legalización de la “okupación”, la expropiación (¡Exprópiese! decía Chávez en un vídeo que lo retrata en su esplendor neroniano) y la nacionalización de la banca, las eléctricas, los medios de comunicación y la industria, entre otros sectores. A ver, yo también opino que González y Aznar probablemente se pasaron con algunas privatizaciones y que quizás determinados servicios estratégicos debieran haber quedado en manos del estado, como ocurre en Francia o Alemania, pero de ahí a la salvajada que proponen los populistas media un abismo, sobre todo si resulta que los que van a tener capacidad de decisión en todos esos sectores son ellos.

Con la educación, pasa otro tanto, porque además de extremistas, nuestros futuros salvadores de España no tienen ni pajolera idea de matemáticas. Entérese, don Pablo, los conciertos educativos escolarizan en España aproximadamente a un tercio de los alumnos de niveles obligatorios por un coste medio de la mitad de lo que supone cada estudiante en un centro público (fuente, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, septiembre 2014). Dicho de otro modo, el estado no tiene capacidad económica alguna para nacionalizar toda la educación y construir, sólo en Balears, 115 nuevos colegios de la noche a la mañana dotándolos de medios materiales y plantillas de funcionarios.

Y, además, paradójicamente, la escuela pública puede subsistir en su dimensión y presupuesto actual gracias al enorme ahorro que le supone al estado la existencia de los conciertos educativos. Ni confiscando –es decir, robando- los colegios a sus actuales titulares el estado español ni sus autonomías más ricas, incluyendo Navarra o Euskadi, podrían sostener una escuela para el 100% de los alumnos con los costes que supone actualmente la escuela pública.

Ello sin tener en consideración que, para llevar a cabo semejante barbaridad, el estado español debería denunciar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU y, al menos, media docena de tratados internacionales más, que protegen tanto la gratuidad de la enseñanza obligatoria como el derecho a que esta enseñanza se adecue a las convicciones de los padres y a que se reciba en un centro distinto de los creados por el estado.

Así que mejor que en esta materia dejen de desbarrar para consumo de iletrados o mentes proclives a creer en caudillos milagreros.

En materia de religión, Podemos pone también de manifiesto sus gigantescas contradicciones. Por un lado, expresan un ¡Bien, Bergoglio! a las declaraciones del Papa Francisco sobre determinadas cuestiones sociales ante el Parlamento Europeo. Pero, claro, la cabra tira al monte, porque pese a los elogios a un Pontífice que gusta a la inmensa mayoría de los católicos y, por lo que se ve, también a Pablo Iglesias, el programa de los populistas propone que se eliminen los “privilegios” fiscales a la Iglesia católica. Estaría muy bien, si tales privilegios existieran. Porque no pagar el IBI de la Catedral de Palma a lo mejor le supone a la diócesis un enorme ahorro, pero quizás permite junto, con otras muchas partidas el mantenimiento de un inmenso patrimonio cultural, y eso –quizás el madrileño lo ignore- atrae turistas, y crea puestos de trabajo... ¿O es que nuestro adalid va a expropiar y mantener además las catedrales y demás templos de todo el territorio del estado?

Naturalmente, también se pueden suprimir Cáritas, el proyecto hombre y las misiones. Y, en lugar de enviar a Sierra Leona a religiosos -médicos y enfermeras- a luchar contra el ébola o la malaria con desprecio de la propia vida, supongo que el estado mandará a sanitarios del partido salvador dispuestos a entregar la suya por el prójimo.

¿Qué más “privilegios” extirpará a la Iglesia Podemos?

Todas las crisis de la historia alimentan los extremismos, como ocurrió con el comunismo o el fascismo. Son consecuencia natural de la reacción masiva a la injusticia social que se recrudece y se ceba con los más desfavorecidos en coyunturas de quebranto económico –y moral- como la que hemos vivido.

Los partidos totalitarios nacen siempre como movimientos que atraen sobre todo a la juventud y sobre una base que pregona la justicia social para las clases lastradas por las crisis. Son, al principio, muy minoritarios y nadie les hace caso, pero destacan por su crecimiento exponencial en muy poco tiempo.

Demasiadas coincidencias. Repasen la historia de los últimos años de la Rusia zarista, de la Italia de los años 20, de la Alemania de Weimar... En todos estos supuestos hallarán ingredientes comunes que no podemos despreciar. Entiéndase que no pretendo la simpleza superficial de identificar ideológicamente comunismo, fascismo, nazismo y populismo. Los resultados de los tres primeros obedecen a otros muchos ingredientes perversos que sería miserable atribuir a Podemos, pero la tentación totalitaria se adivina y mejor atajarla antes de que crezca.

España merece una gran regeneración, pero no a costa de los derechos de las personas ni por la vía de negar que el régimen nacido de la transición ha otorgado a nuestro país el más largo período de prosperidad de su historia. La regeneración no puede nacer del extremismo, que sólo genera división y , a la postre, violencia, sino de la moderación y el esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas y sociales y de cada uno de los ciudadanos.
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