Falta concreción pero las primeras líneas comienzan a definirse. PSIB, Més y Podem continúan este jueves con las reuniones a tres bandas y sobre la mesa, entre otras cuestiones, la Renta Mínima Garantizada: hablan de entre 500 y 600 euros por unidad familiar, lo que supone un coste de 50 a 60 millones de euros anuales "que son perfectamente asumibles por la Administración", según ha dicho el portavoz del tripartito este jueves en rueda de prensa, Nel Martí (Més)
La controversia ha surgido con el número de beneficiarios. Laura Camargo (Podem) ha explicado que el número ascendería a 115.000 personas. Sin embargo, horas más tarde, el líder de la formación morada, Alberto Jarabo, aclaraba en su cuenta de Twitter que "la renta autonóm no beneficiaría a 110000 personas, sino muchas menos Coste aprox 60mill€" y agregaba otro 'tuit' en el que afirmaba que "no se ha entendido o explicado bien. Esa cifra son las personas en riesgo de exclusión, no los benficiarios".
Las tres formaciones coinciden en que se ha de poner en marcha "desde el primer momento" y para ello, se marcan como objetivo aprobar el decreto de renta mínima que se distribuirá desde los consells insulars
Preguntado por los tiempos, el tripartito ha dejado claro que el programa de gobierno podría estar cerrado la próxima semana y sería entonces cuando se pondrían manos a la obra con el reparto de cargos. "Se deja para la parte final" de las negociaciones puesto que no ha considerado "razonable ni prudente anteponer ese punto" a las negociaciones sobre los programas", ha explicado Camargo.
Por otro lado, los tres partidos han acordado realizar un cambio del Estatut d'Autonomia para eliminar los aforamientos, así como modificar la Ley de Función Pública para eliminar el 'nivel 33' y "limitar" las preguntas de 'autobombo', aquellas que formula el grupo o grupos que apoyan al Govern.
Asimismo, han mostrado su voluntad de suprimir la figura del delegado de Formentera e incorporar el "escaño 60" en el Parlament para favorecer la participación ciudadana.
Camargo ha señalado también que quieren nombrar a un Síndic de Greuges porque se trata de una "figura necesaria para llevar a cabo esta idea de escuchar y tener más en cuenta la participación y posibilidad de dar voz a los ciudadanos".
Marc Pons, por su parte, ha explicado otros de los acuerdos alcanzados tras las más de siete horas de reunión de este jueves como la racionalización de la administración pública, la reforma del sistema de financiación o la reclamación de las inversiones estatutarias.
Asimismo, ha anunciado la aplicación de una tarifa plana para garantizar que cualquier ciudadano, sea de Baleares o no, pueda volar interislas a 30 euros, y el hecho de que el Govern, Consells y ayuntamientos afectados puedan formar parte de un ente gestor de los aeropuertos de las Islas.
