El Tribunal Supremo se pronuncia esta semana, probablemente este mismo martes, sobre el recurso a la sentencia del Caso Noós que emitió la Audiencia de Mallorca en el mes de febreo de 2017. El Alto Tribunal celebró una vista el pasado mes de marzo para escuchar a las partes. En esta vista el abogado de Iñaki Urdangarin pidió que se le absolviera porque ya ha sido "condenado" por parte de la sociedad "y determinados medios de comunicación", mientras que la Fiscalía reclamó aumentar su pena como "instigador" del saqueo de fondos públicos hasta los 10 años de prisión. La sentencia de la Audiencia Provincial condenó a 6 años y 3 meses de cárcel a Urdangarín, a su socio Diego Torres a 8 años y medio y al expresidente balear Jaume Matas a 3 años y 8 meses.Tres meses después de aquella vista el Supremo decide el futuro del ex duque de Palma. El cuñado del Rey vive horas decisivas tras años de investigación y proceso judicial, que ha sentado ante la Justicia a la hermana del Rey, la infanta Cristina.
Urdangarin fue condenado por la Audiencia de Palma a 6 años y 3 meses de cárcel, una pena que la fiscal del Supremo Ángeles Garrido pidió que se elevase a 10 años al considerar que él y Torres fueron los "instigadores" de que se desviaran millones de euros públicos de las arcas de Balears y la Comunidad Valenciana.
La Audiencia absolvió a la infanta Cristina, a pesar de que ningún recurso le afectaba pero a quien sí consideró responsable civil, a título lucrativo, por valor de 265.088 euros. Las magistradas de la Audiencia impusieron penas menores, además de al expresidente balearJaume Matas, a los cuatro miembros de su Gobierno implicados en contratos públicos fraudulentos por valor de millones de euros con el Instituto Nóos.
En el caso de que Urdangarin y su socio fueran finalmente condenados a penas superiores a los dos años de prisión, será la Audiencia Provincial de Balears la que les convoque para fijar su inmediato ingreso en prisión y serían ellos mismos quienes podrían elegir el centro penitenciario para cumplir con ella.
No obstante, existe un último recurso antes del encarcelamiento: una petición de amparo ante el Tribunal Constitucional. En caso de llegar a este punto, y de que el Tribunal lo aceptase a trámite, se suspendería la ejecución de la condena hasta resolver sobre el fondo de la cuestión.
CASO NOÓS
El Instituto Noos fue fundado en 1999 como entidad sin ánimo de lucro aunque su actividad fue todo lo contrario a una ONG: Urdangarin y Torres facturaban servicios de "consultoría estratégica" a empresas y a la Administración Pública y luego descargaban todos los fondos -más de 6 millones de euros de contratos a dedos de Balears y Valencia- en sus bolsillos mediante un entramado de sociedades mercantiles.
Su actividad real arrancó en 2005 pero no fue hasta 2006 cuando, por primera vez, saltó a primera plana. El grupo parlamentario socialista balear exigía al entonces Govern que aclarase el destino de 1,2 millones de euros para organizar un encuentro internacional sobre turismo y deporte, organizado por la entidad que dirigía Urdangarín y su entonces socio, Diego Torres. Para el diputado Antoni Diéguez, aquello se trataba de "un derroche".
Cuatro años más tarde, en 2010, el asunto saltaba de lo político a lo judicial cuando el juez José Castro abría una pieza del Instituto Nóos, dentro del macro proceso del Palma Arena. En verano de 2011, el exsocio -también condenado- Diego Torres declaraba como imputado y ese mismo invierno se materializaba la imputación del entonces Duque de Palma. Era el 29 de diciembre de 2011.
Cinco años más tarde, en febrero de 2016, y después de dos declaraciones de Urdangarín y una de la infanta Cristina ante el juez instructor, comenzaba el juicio en la sede del EBAP de Palma, seguido por decenas de medios de comunicación acreditados. La infanta Cristina negó entonces cualquier intervención en el instituto Nóos y terminó siendo absuelta del delito fiscal que le atribuía el instructor y la acusación popular. El Tribunal entendió que Cristina no fue cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales porque ella no era administradora de la sociedad Aizoon, no tenía firma, ni había pruebas de que conociera que su marido estaba declarando sus ingresos personales como ingresos de la sociedad familiar.
Para Urdangarín la sentencia fue muy diferente: el Tribunal le condenaba a seis años y tres meses de cárcel y a su socio, Diego Torres, le condenaban a ocho años y seis meses y una multa de más de 1,7 millones de euros. Por su parte, el expresident balear, Jaume Matas, era condenado a tres años y ocho meses de cárcel y siete años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación.
