Cuando creíamos que eran los gobiernos de derechas los que privatizaban servicios públicos para entregárselos a los acaudalados empresarios y que hagan negocio con ellos, ahora resulta que es el PSOE quien quiere privatizar la torre de control de Palma, como ya hizo con la de Ibiza.
La segunda fase del proceso de privatización de siete torres de control de la red de aeropuertos de Aena que incluye, además del aeropuerto de Palma, los de Málaga, Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Bilbao y Santiago de Compostela, ha topado con la oposición de la mayoría de fuerzas políticas de Mallorca, además de la negativa del propio Govern de les Illes Balears. Que se sepa, nadie en Baleares apoya una actuación que podemos calificar de desconcertante, cuando quien la impulsa es un partido de izquierdas como el Partido Socialista.
Sería paradójico que el gobierno más de izquierdas de la democracia, integrado por PSOE y Unidas Podemos, acabe poniendo en manos privadas la gestión de unos aeródromos tan importantes para la red estatal, incluyendo nada menos que al tercero en tráfico y volumen de pasajeros como es el de Son Sant Joan. ¿Por qué habría de querer el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), entregar a una empresa privada la gestión de la torre de control de un aeropuerto tan rentable como el de Palma? Para que le dé dinero a los accionistas de la empresa que gane la concesión, que se lo dé a Aena que, aunque tiene capital privado, es pública en el 51 por ciento de su accionariado.
Se comprende que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y las empresas que van a ganar dinero con la privatización, defiendan que Enaire deje de gestionar ciertas torres de control de aeropuertos rentables. Argumentan que eso supone un ahorro de costes, aunque los sindicatos advierten que conlleva una merma en la seguridad. En la torre de control del aeropuerto de Ibiza, donde antes de ser privatizada había 23 controladores, ahora hay sólo 15. Por tanto, tienen una mayor carga de trabajo y, además, desempeñan tareas burocráticas, según denuncia el sindicato mayoritario de controladores, Usca.
Pero la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué hay que privatizar algo rentable? ¿Qué sentido tiene? Si al menos hubiera una demanda social o empresarial, pero en Baleares tal cosa no la percibe nadie. No sólo es inexistente, sino que además es injustificada. Y no la quiere nadie porque si algo funciona bien, ¿por qué tocarlo?
Ante la oposición política y sindical a esta nueva privatización de un servicio público, presionado por sus socios de Unidas Podemos y también por Yolanda Díaz, que ha expresado su oposición a los planes del Ministerio de Transportes, y ante la presentación de na proposición no de ley instando al PSOE a paralizar el proceso, el Gobierno ha decidido dar un frenazo para repensar la operación, aunque no se descarta ni se renuncia a ella. Por tanto, la amenaza sigue presente, sin que nadie en el PSOE sea capaz de explicar por qué se patrocina una medida tan "neoliberal". Cuando son los socialistas quienes acusan a la derecha de estar al servicio de los poderes económicos y del gran capital, resulta que es el PSOE de Pedro Sánchez quien propone privatizar un servicio público como el control aéreo. Inexplicable.