El otro día decía Sergio del Molino en una entrevista en El Mundo que “vivimos en una sociedad que confunde a quien habla en el púlpito con quien tiene la autoridad”. De ahí la virulencia de los comentarios que se leen en las redes, o en los propios medios digitales, en contra de algunos artículos de opinión. El autor de La España vacía centraba el problema con sencillez: “te identifican con quien tiene el poder cuando sencillamente eres un señor que dice cosas”.
Un columnista es un señor que escribe cosas, nada más. No tiene que ser un experto en cada tema de los que opina, ni mucho menos presentarse como tal. Eso sí, conviene documentarse un poco antes de empezar a teclear y, sobre todo, emplear el sentido común para no decir estupideces.
Mi premisa es que antes de opinar trato de entender las razones de personas inteligentes que no piensan como yo. Es un método eficaz para refutar o confirmar mis propios argumentos, para modularlos o, llegado el caso, cambiarlos completamente. Este ejercicio de ponerte en la posición del otro me parece sano porque te aleja del dogmatismo. No hay nada más cansino y repulsivo que un fanático impartiendo doctrina.
Yo escucho con atención los argumentos a favor de los indultos a los políticos catalanes condenados por intentar un golpe de Estado. Hay algunos delirantes, o dirigidos a débiles mentales, como ese de que están en la cárcel por poner unas urnas. Como Pablo Hasél por cantar, o un violador por fornicar. Estas simplezas pensadas para un tuit no merecen demasiada atención.
Luego están las comparaciones con otros indultos concedidos por diferentes gobiernos. Esas medidas de gracia, que son potestad exclusiva del poder ejecutivo, son opinables. De hecho algunas fueron muy controvertidas, pero todas tuvieron hasta hoy algo en común: cumplían los requisitos que la Ley establece para concederlos. Ese texto legal es de hace 150 años, y los requisitos son vagos, pero hasta hoy nadie había indultado a delincuentes que declarasen expresamente su voluntad de reincidir. Esto último es un hecho, no una opinión.
El argumento más interesante es del apaciguamiento, porque lo escucho en boca de personas inteligentes, de buena voluntad y que conocen en profundidad el conflicto político entre el independentismo catalán -no confundir con Cataluña- y el Estado -no confundir con el gobierno español o los jueces-. Analizar esa estrategia, que Josep Borrell definió como “política del ibuprofeno”, tiene interés desde dos puntos de vista.
En primer lugar, porque permite valorar los resultados a día de hoy de ese tratamiento de “desinflamación” que se ha venido aplicando en Euskadi y Cataluña con más o menos intensidad desde la aprobación de la Constitución en 1978. En el caso vasco la consecuencia más importante es la sobrefinanciación indiscutible de esa comunidad autónoma gracias al sistema del cupo vasco, mecanismo rechazado en dos ocasiones por la Generalitat catalana. La primera ocasión fue en 1980 y la segunda en 2000, siendo Jordi Pujol su presidente y Artur Mas el conseller de economía. Otro hecho, no una opinión, relatado en su día por el nacionalismo vasco, y que visto lo sucedido en el último lustro no permitía ya ser muy optimista sobre los efectos de las medidas antiinflamatorias.
Y en segundo lugar, porque ayuda a diseñar un escenario futuro en el que explorar una solución política al problema. Llegados a este punto, para avanzar es imprescindible ponerse en la posición del otro. Dejemos a un lado la debilidad parlamentaria del gobierno y su necesidad de contar con los votos de parte del independentismo catalán en el Congreso de los Diputados. Hagamos como si eso no ocurriese y todo se limitara a la loable intención del presidente de desbloquear el problema. Es evidente que Sánchez se está poniendo en la posición del otro, en su sufrimiento y en el drama que supone para el soberanismo catalán tener a parte de sus líderes encarcelados.
Es imposible encontrar un gesto, uno solo, que permita intuir un cambio en la estrategia de confrontación directa del gobierno catalán. Intento adivinar alguna palabra, un guiño, un ademán de concordia pensando en la complicada posición política del actual gobierno de España, y también en los límites que le marca el ordenamiento jurídico. Y no lo encuentro por ninguna parte. ¿Quiere esto decir que Pere Aragonés está dispuesto a reventarlo todo por conseguir una amnistía y una república independiente catalana? Yo creo que no, pero sus socios de gobierno, los que le acaban de hacer president de la Generalitat, apuestan sin tapujos por un nuevo choque de trenes. Por eso el margen de Aragonés es nulo. Ese es el motivo por el que, además de los millones de fascistas que han surgido últimamente en España, la izquierda inteligente y sensata rechaza los indultos. Porque el otro también soy yo.
