EMILIO ARTEAGA. Desde que empezó la crisis económica, sobre todo en los últimos dos años, han proliferado los trabajos de investigación periodística, en forma de crónicas, documentales, reportajes, artículos o libros, sobre lo que se ha dado en denominar la “burbuja inmobiliaria”, considerada la primera y principal causa de nuestras cuitas actuales. En esencia, la “burbuja” ha sido el resultado de la connivencia entre los promotores inmobiliarios, los constructores, los dueños de los terrenos, los políticos y las entidades financieras y también de una especie de locura colectiva que nos dió a todos los ciudadanos, que caímos en la trampa de las hipotecas a bajo interés, la desgravación en el IRPF y las expectativas de plusvalías rápidas, sin darnos cuenta de que la adquisición de la vivienda propia no es una inversión sino un gasto.
Algunos de esos trabajos se han centrado en las inversiones desmesuradas de obra pública a las que se lanzaron los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el gobierno central. La proliferación de aeropuertos que luego han tenido que cerrar, o que tienen un vuelo a la semana, o al mes, o que funcionan solo con vuelos de compañías de bajo coste y porque la correspondiente administración autonómica les concede subvenciones y prebendas, a costa, por supuesto, del erario público, o que, simplemente, nunca han llegado a tener ni un vuelo. También la construcción masiva de líneas de AVE, todas deficitarias, algunas que han tenido que cerrar, otras con alguna estación con un tráfico de menos de diez viajeros al día. Las autopistas de peaje absurdas e innecesarias, que ahora tienen que ser rescatadas con dinero público. Y la orgía municipal de polideportivos, piscinas, auditorios, velódromos, etc.
Otros se han dedicado a mostrarnos los paisajes postapocalípticos generados por las promociones inacabadas de urbanizaciones residenciales privadas, como el magnífico libro Ruinas modernas. Una topografía del lucro, de la arquitecta y fotógrafa alemana Julia Schulz-Dornburg. Es en este tema de las urbanizaciones en terrenos rústicos o rurales, donde ha sido más patente la colusión de los políticos, promotores y entidades financieras, con grave daño a los intereses de lo ciudadanos.
Pero hay un aspecto que ha merecido ninguna o muy poca atención, que es el de las inversiones que sí debieron hacerse y no se hicieron, las infraestructuras que sí debieron construirse y no se construyeron. Si prácticamente todos los trabajos destacan la mala planificación, o su ausencia, de las políticas de inversión pública, e inciden sobre todo en los proyectos que se consideran poco o nada justificados, muy pocos hacen alguna referencia a los que sí estaban justificados, o al menos parecían lógicos y con sentido y no se realizaron, o, peor aun, han quedado a medias, inconclusos, o acabados pero inutilizados por falta de presupuesto. En el diario El País del día 3 de marzo se publicó un artículo de Elena Sevillano, con el título “El pinchazo de la burbuja sanitaria”, en el que se detalla toda una serie de proyectos de hospitales en varias comunidades autónomas, algunos acabados pero cerrados, otros a medio construir y con las obras paradas y otros ni siquiera empezados. Tal como está escrito, la conclusión lógica que se desprende del artículo es que todos los proyectos eran excesivos, o inútiles, o estaban mal planificados, y respondían más a políticas populistas que a las auténticas necesidades de la asistencia sanitaria de los ciudadanos. Pero eso no es necesariamente cierto en todos los casos. Es seguro que muchos de esos hospitales eran excesivos, o mal planificados, o innecesarios, pero otros podían estar perfectamente justificados y el hecho de que no se hayan construido o puesto en marcha supone un serio perjuicio para los ciudadanos.
Aquí en Mallorca, coincidieron en el tiempo, no totalmente pero sí en gran medida, el proyecto del hospital de Inca y el de la reconstrucción de las líneas de ferrocarril de Inca a Manacor y a Sa Pobla. El Hospital se ubica en unos terrenos muy cercanos a las vías, de hecho desde las ventanas del laboratorio del hospital, donde trabajo, vemos pasar los trenes a unos doscientos metros. Parece que hubiera sido lógico aprovechar la obra de reinstauración del servicio de tren para hacer un apeadero que permitiera tanto al personal, como a los pacientes y visitantes utilizar ese servicio para acudir al hospital, de acuerdo con la política de promoción del transporte público que todos nuestros gobiernos afirman perseguir. Alguna vez he intentado averiguar porque no se previó la construcción de un apeadero para el hospital, pero no he recibido más que vagas respuestas aludiendo a dificultades técnicas prácticamente insalvables y a un elevado coste de las obras, debido a la presencia de torres de alta tensión, la carretera, etc., pero no son explicaciones convincentes. Todo los problemas técnicos son solucionables, de hecho, el problema de las torres eléctricas también existía para la propia construcción del hospital y se solucionó. En cuanto al coste, si se hubiera planificado desde el principio, hubiera sido muy inferior al que sería hoy. Probablemente se hubiera podido financiar con el “sobrecoste” del Palma Arena. Más bien parece que no se pensó, o a nadie interesó, en la posibilidad de construir un apeadero, porque, tal vez, un proyecto, el del hospital, era promovido por una opción política, mientras que la otra lo consideraba innecesario y el otro, el del tren, era promovido por los que no querían el hospital, mientras que era contemplado, sino como innecesario, sí sin ningún entusiasmo por los que promovían el hospital. Disponer de buenos sistemas de transporte público que acerquen a los ciudadanos a los hospitales es la tendencia, desde hace años, en todos los países desarrollados, especialmente si se encuentran en zonas periféricas, alejados de los centros urbanos. En el caso del hospital de Inca, en su momento se perdió la oportunidad de dotarlo de un acceso directo al tren, pero muchos en el hospital consideramos que es un tema que no debería estar desechado para siempre y que, cuando la capacidad económica de invertir en infraestructuras mejore, debería ser, cuando menos, considerado son seriedad.
