Con la aprobación en el parlament de una ley “ad hoc”, parece que se va a poner fin al episodio de los llamados complementos de los médicos, más propiamente la reducción del precio de la hora de guardia y la eliminación de los, estos sí, complementos llamados de fidelización, que venían cobrando los médicos del Servei Balear de Salut que trabajan en las islas menores. A estas alturas, ya la mayoría de los ciudadanos debe saber que el cobro de estas cantidades deriva del acuerdo de salida de la huelga de médicos de hace unos cuatro años, acuerdo al que se llegó entre el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), convocante de la huelga e IB-Salut/Conselleria de Salut y que dicho acuerdo fue impugnado ante los tribunales por otros sindicatos, UGT y CC.OO., impugnación que finalizó en una sentencia favorable a los impugnantes, por no haber sido refrendado en mesa sectorial de sanidad, mesa que no pudo reunirse en su momento por falta de quorum, debido a que los propios sindicatos que después impugnaron boicotearon la reunión no compareciendo a la misma. También deben saber que dicha sentencia pasó a dormir el sueño de los justos y que IB-Salut siguió pagando las cantidades adicionales de la hora de guardia y los complementos de fidelización, sin que los propios sindicatos que la propiciaron dijeran ni media palabra. Y en estas estamos, cuando, un año después de tomar posesión, el govern del PP abre la caja de Pandora y desata un auténtico terremoto: sin previo aviso, el portavoz, el conseller Bosch, declara que “se ha encontrado” la sentencia de marras, que, según el actual govern, el anterior había “escondido en un cajón” y que, como consecuencia de la misma, el incremento de retribuciones de los médicos surgido del acuerdo se ha cobrado indebidamente y va a dejar de percibirse y, además, los médicos van a tener que devolver las cantidades percibidas hasta ahora. Esta declaración va acompañada de un ataque feroz al govern anterior, así como de una amenaza de denuncia por prevaricación y otros delitos contra el anterior president y el anterior conseller de salut.
Pero, como no podía ser de otra manera, la contestación inmediata no viene de la actual oposición política, sino de los médicos. El presidente de Simebal hace unas declaraciones negando que se vaya a devolver ni un euro y anunciando medidas contundentes. La indignación entre los médicos es máxima, tanto por el perjuicio económico evidente e insoportable, la media a devolver se sitúa en los 30.000 euros, pero en algunos casos puede llegar a 50.000, como por la sensación de estar siendo utilizados por los políticos para sus guerras partidarias. Las sucesivas asambleas en todos los hospitales y centros sanitarios del archipiélago aprueban por aclamación la propuesta de huelga presentada por Simebal, lo que desemboca en una convocatoria de huelga de médicos. A partir de ahí, lo que ya era un despropósito, alcanza tintes de esperpento. La consellera declara que “dedica el 90% del tiempo a resolver el tema de los complementos”, el govern y el PP anuncian que están estudiando como arreglar el conflicto y que compensarán a los médicos, Antonio Diéguez, del PSOE, advierte de que presentarán una querella por prevaricación contra el govern si se descuenta un solo céntimo de la nómina de los médicos, la conselleria manifiesta haber llegado a una posible solución y convoca una mesa sectorial para su aprobación, los sindicatos que impugnaron el acuerdo de hace cuatro años intentan una absurda reunión de conciliación en el TAMIB (Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears), a la vez que vuelven a boicotear la reunión de la mesa sectorial de sanidad, el govern propone entonces, in extremis para evitar la huelga, que la solución ha de ser la aprobación de una ley en el Parlament, para la que intenta una tramitación de urgencia, lo que consigue detener la huelga, pero dicha tramitación urgente es impedida en una primera ocasión por el PSOE, para, finalmente, después de volver a estar en peligro su tramitación en la segunda oportunidad, por falta de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, que presentan cada uno su propio texto, conseguir consensuar un texto definitivo que, esperemos, sea aprobado en sesión extraordinaria el 31 y julio y resuelva definitivamente el despropósito, a menos que el futuro depare nuevas sorpresas.
A principios del siglo XX, todos estos acontecimientos podría haber sido el guión de una astracanada, el subgénero de la comedia teatral que tanto éxito popular tuvo en aquella época, caracterizado por un humor de trazo grueso, carente de toda sutileza, zafio, incluso grosero, que perseguía la carcajada fácil, especialmente de los espíritus simples o poco cultivados. Sin embargo, más que una astracanada es una película de terror. Porque resulta aterrador que, en los tiempos que corren, con la que está cayendo, un gobierno provoque, por una decisión irreflexiva motivada solo por el deseo de dañar al adversario político, un problema de esta dimensión. Si es verdad que “descubrió” la sentencia hace dos meses, lo que provoca el interrogante de cómo es que tardó un año en enterarse de una sentencia que era sobradamente conocida, podría haber iniciado un diálogo discreto con las partes afectadas y, seguro, se podría haber llegado a la misma solución que ahora, o a otra similar y nos hubiéramos ahorrado el susto y la vergüenza.
También resulta aterrador que toda una consellera de una conselleria tan importante como la de salud, familia y bienestar, con los problemas de todo tipo que nos afligen, declare que dedica el 90% de su tiempo a la resolución de un conflicto que nunca debió producirse.
Pero nadie sale indemne de este conflicto. El PSOE también es responsable, sobre todo porque, cuando estaba gobernando y se produjo la famosa sentencia, debió haber buscado una solución que no fuera meterla en un cajón y olvidarse. Y Antonio Diéguez supongo que aún debe sentir vergüenza intelectual de la “boutade” de amenazar con interponer una querella por prevaricación contra el actual govern si se aplicaba a los médicos el anunciado descuento en la nómina, entre otras razones, porque dicho descuento se ha aplicado y de la anunciada querella no hay noticias.
Y los otros sindicatos, UGT y CC.OO y los demás, que han vuelto a boicotear, igual que hace cuatro años, la reunión de la mesa sectorial de sanidad, convocada para intentar resolver el problema, aduciendo excusas procedimentales, que son las que suelen argüir quienes no tienen voluntad de colaborar en la solución de los problemas planteados.
Y el sindicato médico, pese a que no ha tenido reponsabilidad directa en el desastre y a que representa a unos de los auténticos perjudicados, los médicos, los otros son los ciudadanos, tampoco sale completamente limpio. La dirección conocía la sentencia y, en lugar de adoptar una actitud proactiva de búsqueda con la conselleria de una solución, optó, como ella, por meter la cabeza debajo del ala y la política del “laissez-faire, laissez-passer”. También cabe reseñar que, en los primeros momentos del esperpento, el presidente de Simebal, inflamado de justa indignación, reclamó, entre otras reivindicaciones más justas y ajustadas, una disculpa, o retracción, por parte del portavoz del govern, el conseller Bosch, por sus declaraciones del primer momento, que hacían referencia a “cantidades indebidamente cobradas por los médicos”. Dado que no hay constancia ni de retracción, ni de disculpas por parte del portavoz, parece que la dirección de Simebal ha decidido olvidarse del tema. Una vez solucionado el problema principal, pelillos a la mar y tan amigos.
