Estos últimos días estamos asistiendo a los enésimos capítulos del proceso en marcha de desmantelamiento de la sanidad pública. En Madrid, a consecuencia de las medidas anunciadas por el gobierno regional, que incluyen, entre otras, la privatización de la gestión de centros de salud, la de los hospitales inaugurados hace 4 años, el cierre del Instituto de Cardiología y, la más llamativa de todas, la reconversión del Hospital Universitario de la Princesa en residencia geriátrica, se ha generado la llamada “marea blanca”, con encierros en más de 20 hospitales, manifestaciones múltiples, entre ellas la masiva del domingo pasado, con cuatro columnas saliendo de hospitales periféricos o alejados del centro, confluyendo en Cibeles y prosiguiendo hasta Sol, así como la recogida de casi cuatrocientas mil firmas contra la desaparición como hospital de La Princesa, entre otras movilizaciones. En Andalucía, por su parte, los médicos y otros facultativos residentes anuncian la convocatoria de una huelga, como protesta de la drástica reducción de sus salarios, el empeoramiento de sus condiciones de trabajo y la pérdida de calidad de la docencia recibida, como motivos principales.
Son solo dos botones de muestra, los más recientes, del imparable malestar, indignación y frustración que las decisiones políticas en materia sanitaria de los distintos gobiernos, central y autonómicos, están provocando en los profesionales sanitarios. En estos últimos tiempos, especialmente desde las últimas elecciones autonómicas y generales, se ha ido encadenando todo un rosario de medidas que han conducido a la disminución de la calidad y la accesibilidad del Sistema Nacional de Salud. Las restricciones y recortes presupuestarios, la disminución de plantillas, el aumento del horario de trabajo del personal, la pérdida de derechos sociales, la drástica reducción de conceptos retributivos específicos (carrera profesional) además de los recortes generales para todos los empleados públicos, la disminución de plantillas, el cierre de plantas, quirófanos, centros de salud, eliminación de turnos de tarde, de guardias, las restricciones de la cartera de servicios (traslados en ambulancias, prótesis, material ortopédico, impedimentos al aborto, etc.), la imposición de tasas (1 € por receta, tasa por renovación de la tarjeta sanitaria), el aumento del porcentaje a pagar por los medicamentos, la no gratuidad de los medicamentos para los pensionistas, la privatización de la gestión de hospitales y centros de salud, la privatización de hospitales, la privatización de otros servicios (central de compras), el aumento de conciertos y concesiones administrativas a la sanidad privada, etc., etc. No todas estas medidas se han tomado en todas las comunidades autónomas, ni en todas con la misma intensidad, pero en todas se ha producido una reducción en el presupuesto sanitario y esta política generalizada de restricciones presupuestarias y recortes ha conducido a una disminución de las posibilidades asistenciales del sistema. Los cierres de consultas, plantas, camas, quirófanos, unidades, centros, la disminución de las plantillas, del personal de guardia, todo ello ha tenido un efecto negativo en el funcionamiento del sistema sanitario y, como primera consecuencia lógica, el aumento de las listas de espera.
No se trata de un fenómeno aislado. En el informe sobre el Panorama de la Sanidad en Europa 2012, de la OCDE y la Comisión Europea, se revela que en el año 2010, por primera vez desde 1975, el gasto sanitario “per cápita” cayó en el conjunto de la Unión Europea. La caída fue de un 0'6 %, pero muy desigual, puesto que en muchos países el gasto creció, mientras que en otros cayó mucho más. Los países peor parados fueron Irlanda, 7'9 %, Grecia, 6,9 % y los países bálticos, con cifras similares. En España, el gasto cayó un 0'9 %, mientras que en Francia, Italia y Portugal el gasto creció, aunque en Portugal un modesto 0'1 %. En el informe se manifiesta una gran preocupación por las nefastas consecuencias que esta disminución del gasto sanitario puede tener para la salud de la población, especialmente en el área de la prevención, ya que se ha detectado una drástica reducción de los programas y campañas de vacunación, de prevención de adicciones (tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, etc.), de promoción de la salud, etc.
Nuestros políticos gobernantes repiten, como una especie de mantra de autroconvencimiento, que se trata de medidas necesarias que pretenden mantener la calidad y accesibilidad del sistema sanitario, así como sus prestaciones y el carácter público, pero, a la vista de lo que han venido haciendo hasta ahora, resultan poco convincentes. Pero lo peor no es ya todo lo hecho hasta ahora, lo peor es que no explican cual es su plan, hacia donde quieren dirigir el sistema sanitario. Esta opacidad en cuanto a sus actuaciones en el próximo futuro, se puede deber a tres razones: que sepan adonde quieren llegar, pero no quieran revelarlo para evitar una rebelión, que no sepan bien hacia donde ir y estén tomando decisiones improvisadas en cada momento, o una mezcla de ambas, esto es, que tengan una cierta idea, pero no bien madurada o consensuada y tomen decisiones en función de ello, pero también decisiones improvisadas según las necesidades del momento. Cualquiera de las tres son extraordinariamente preocupantes y nos llevan a suponer, más bien a la plena seguridad, que los recortes continuarán y que el futuro inmediato será aún mucho peor que el presente.
Nuestro sistema sanitario y, en general, todo nuestro estado del bienestar, está acelerando cuesta abajo y sin frenos y todos sabemos que ello suele acabar en un batacazo catastrófico. El genial Forges, en una viñeta publicada hace unos días, hacía decir a uno de sus típicos personajes: “socialmente hablando estamos entrando en la era del miedoceno”. Deberíamos abandonar el miedo y reflexionar sobre como frenar la caída e iniciar la remontada.
