Estos días hemos conocido por las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, la buena noticia de la importante recuperación del ex-ministro Miguel Boyer, de las secuelas del accidente vascular cerebral que padeció hace unos meses. Además del papel determinante de la fuerza de voluntad del afectado y del apoyo de su familia, especialmente de su esposa, las mismas noticias daban cuenta de que ha recibido un intenso y continuado tratamiento de rehabilitación fisioterápica, con sesiones diarias a cargo de especialistas, primero en su propio domicilio y, después, en un centro especializado, así como también del elevado coste de dicho tratamiento a cargo de centros privados, de hasta tres mil euros al mes si es a domicilio y la mitad o menos si es en el propio centro, dependiendo, claro está, del número de sesiones mensuales.
La recuperación de una persona de sus dolencias o de las secuelas de las mismas es siempre motivo de satisfacción, especialmente para los que nos dedicamos a la asistencia sanitaria y, por supuesto, también lo es en este caso, pero también es motivo de reflexión. Un pensionista cualquiera de los varios millones de nuestro país, de la misma edad, 73 años, sin otros ingresos adicionales a su pensión, que es el caso de la inmensa mayoría, que sufra un ictus cerebral, ¿podría costearse un tratamiento rehabilitador que cuesta mucho más que la cuantía de su pensión?. La respuesta parece claro que es: no, lo que nos lleva a otra pregunta, ¿está el Sistema Nacional de Salud (SNS), la sanidad pública, en condiciones de garantizarle un tratamiento equivalente en calidad, rapidez y duración?. En términos de calidad la respuesta, sin duda, es: sí. La sanidad pública dispone de magníficos profesionales e instalaciones que pueden proporcionar el mismo servicio, cuando menos, que los centros privados. La situación ya no está tan clara en el tema de la rapidez y la duración. Los servicios de rehabilitación del SNS, tanto propios como concertados, están, en general, saturados, las listas de espera han aumentado en los últimos años y la situación, con el problema de los recortes asociados a la crisis actual, no parece tener visos de mejorar a corto y medio plazo, siendo así que en estos casos, y en otras muchas patologías traumatológicas, reumatológicas, neurológicas, degenerativas, etc., instaurar el tratamiento rehabilitador tempranamente y mantenerlo durante el tiempo necesario, es decisivo para el devenir del paciente. Cuanto más se tarde en iniciar la rehabilitación, menos probabilidades de recuperación, o, visto desde el lado opuesto, mayores probabilidades de más y más graves secuelas permanentes.
En nuestra sociedad son cada vez más frecuentes las patologías traumatológicas y las degenerativas, que provocan problemas de lesiones y deformaciones que, sin el tratamiento adecuado, acaban en déficits funcionales e incapacidad permanente más o menos severa. Además de los tratamientos quirúrgicos, farmacológicos y las prótesis que sean necesarios, la instauración temprana de los tratamientos de rehabilitación y fisioterapia y la duración suficiente de la misma son fundamentales para conseguir una óptima recuperación y reducir al mínimo posible las secuelas de disfunción y discapacidad.
Por el contrario, el retraso en el inicio de estos tratamientos, o su interrupción antes de lo necesario, suponen que la recuperación, en la mayoría de los casos, no sea todo lo buena que podría haber sido, lo que suele conllevar que los pacientes acaben con lesiones y discapacidades permanentes. Todo ello termina teniendo un coste muy alto para el sistema sanitario y para la seguridad social, ya que genera tratamientos crónicos, pensiones por incapacidad, jubilaciones anticipadas, tratamientos quirúrgicos correctivos, implantación de prótesis, etc., además del drama personal de estos pacientes, muchos de los cuales ven acabada o seriamente comprometida su carrera profesional, más la reducción permanente de sus capacidades personales y la dependencia, en mayor o menor grado, de sus familiares.
Reflexiones parecidas podrían hacerse en referencia a otros ámbitos de la asistencia sanitaria, como el tratamiento de todas las enfermedades ligadas al envejecimiento de la población, el tratamiento del dolor crónico, las enfermedades neuromusculares, los procesos oncológicos, las enfermedades raras, que cada vez son más frecuentes, las alergias e intolerancias y, en general, todos aquellos procesos que son ahora mucho más frecuentes y prevalentes que hace unas décadas, debido a los cambios ocurridos en nuestra población en el último medio siglo.
En esta época de crisis económica y reestructuración de los servicios públicos que constituyen lo que se denomina el estado del bienestar, se viene insistiendo desde el gobierno en la necesidad de proceder a una revisión de la cartera de servicios del SNS, con el objetivo de que sera homogénea, suficiente y sostenible. Tenemos, en efecto, una buena oportunidad para modificar las prestaciones y adecuarlas a las características demográficas actuales de la población española y a las previstas para el próximo futuro. La estructura actual arrastra una inercia histórica que se inicia hace cuatro décadas, cuando la demografía, las patologías prevalentes, la percepción social y los conocimientos y la tecnología médicos eran muy diferentes de los actuales.Nadie duda de la necesidad de una revisión a fondo de los servicios prestados por el SNS. Es, por tanto, el momento de que políticos y planificadores sanitarios se pongan manos a la obra y vamos a esperar que sepan interpretar adecuadamente las necesidades de nuestros ciudadanos y corrijan algunas de las deficiencias graves del sistema, así como también que reduzcan lo que sea necesario en aquellas áreas que se consideren sobredimensionadas. Un principio básico que debería informar la esencia de la revisión debería ser que la prevención resulta siempre mucho mejor, y más barata, que los tratamientos tardíos. El fortalecimiento de la atención primaria y de los programas de prevención y diagnóstico y tratamiento precoces debería ser la piedra angular de la nueva cartera de servicios del SNS.