El lobby ambiental

La anunciada extinción de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears como órgano colegiado responsable de otorgar las autorizaciones y emitir las evaluaciones ambientales que la ley establece, y su sustitución por un órgano unipersonal con rango de director general, ha sido recibida con división de opiniones.

Para todos aquellos que padecen la extrema lentitud de la administración en materia de tramitación de las licencias urbanísticas y de actividad, la noticia se acoge con alivio.

Para la izquierda en general y sus correas de transmisión en organizaciones ecologistas, el anuncio constituye, en cambio, un drama.

La realidad es que la influencia de determinados lobbies en las políticas sociales y medioambientales excedía, con mucho, su verdadera representatividad.

En general, y en otras ramas de la administración, las organizaciones de la sociedad civil, siendo igual o incluso más importantes que las de la esfera medioambiental, solo participan, a lo sumo, en órganos de consulta preceptiva -que no vinculante-, pero no en aquellos cuya responsabilidad está en adoptar decisiones administrativas, que lógicamente le corresponde nombrar al gobierno de turno.

La filfa de la supuesta independencia de la CMAIB es solo eso, una fantasía, equivalente a la de la extinta Oficina Anticorrupción y a otros órganos que han venido sirviendo exclusivamente a la izquierda para parasitar con sus acólitos la administración.

En la práctica, la presencia en la comisión de tres miembros de entidades “de competencia reconocida en materia ambiental”, -id est, el GOB- suponía la institucionalización del lobby ecologista -al que nadie ha votado- en el seno mismo de la administración, con un peso equivalente al resto de miembros, aunque con un enorme ascendente sobre los partidos -al menos, sobre los de la izquierda-, a los que han venido condicionando.

El órgano medioambiental ha de estar regido, únicamente, por criterios legales, no por consignas del ecologismo, por legítimas que éstas sean.

La asunción de competencias por un órgano unipersonal -que actuará, obviamente, avalado por los técnicos responsables de los correspondientes informes- no supone, en ningún caso, una disminución de los controles y garantías, sino, bien al contrario, que las administraciones respondan solo a criterios establecidos por la normativa vigente, y que sean encabezadas y dirigidas por aquellos que han sido nombrados por las formaciones que la ciudadanía ha elegido libre y democráticamente en las urnas, sin condicionamientos ni hipotecas con organizaciones de la sociedad civil cuya legitimidad no se cuestiona, pero que no se presentan a las elecciones.