El Govern ha anunciado su intención de regular la oferta hotelera de “todo incluido” con el objetivo de limitar el consumo de alcohol. Lamentablemente no ha explicado en base a qué datos o qué informes pretende solucionar un problema evidente, como es el del turismo de borrachera, como si fuera algo que solo afecta a turistas que se alojan en establecimientos hoteleros. Es evidente que existe un consenso bastante amplio, tanto político como social, para poner coto a este tipo de turismo, que tan graves efectos causa en la imagen de Balears y especialmente de determinadas zonas especialmente perjudicadas por las constantes melopeas de auténticas legiones de jóvenes deseosos de intoxicarse bebiendo alcohol. Pero más parece que este anuncio de intervención en una concreta oferta hotelera, la del todo incluido, obedece a manías o a prejuicios sin ningún dato real.
¿Acaso los turistas que se alojan en pisos de alquiler vacacional -absolutamente proscritos por la actual normativa- no beben alcohol? ¿Acaso no se emborrachan? ¿Acaso no hay comercios en algunas zonas que viven únicamente de vender alcohol a precios irrisorios y con exhibición impúdica de botellas en los escaparates para captar a los potenciales clientes con ofertas incluidas? ¿Acaso se ha constatado a través de informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que es en los hoteles que comercializan el “todo incluido” donde más altercados se producen?
Esta es una nueva medida de cara a la galería, que busca poner trabas a la oferta legal y que potencia y favorece a la oferta ilegal, que no paga el impuesto turístico, que paga en negro y no declara los beneficios, y que además, no se sujeta a las obligaciones de todo establecimiento hotelero impuestas en la Ley sobre la identificación y registro de sus clientes ante la Policía o la Guardia Civil.
