El Govern sube a 4 los años de cargo público para cobrar el plus de nivel 33

La nueva Ley de Función Pública que está tramitando el Govern exigirá que el tiempo que los empleados públicos ocupen un alto cargo sea de 4 años, el doble de lo estipulado hasta ahora, para que puedan consolidar el cobro del plus conocido como "nivel 33".

La consellera de Administraciones Públicas, Núria Riera, ha dado a conocer las principales novedades de la futura ley una vez ya ha finalizado el plazo de audiencia y exposición pública del texto, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Según Riera, la reforma de la ley responde a dos objetivos: adaptar la Ley autonómica al Estatuto Básico del Empleado Público y modernizar la Administración.

Sobre el cambio en el tiempo necesario para acceder a cobrar el complemento de nivel 33, la consellera ha asegurado que considera que era necesario hacer un "gesto de austeridad y ser más exigentes".

El complemento se mantendrá en los mismos supuestos que están recogidos en la actual Ley de Función Pública pero si hasta ahora era requisito ejercer el cargo durante 2 años seguidos o 3 de manera interrumpida, con la nueva Ley el nivel 33 no se consolidará hasta ejercer el cargo durante 4 años seguidos o 6 con interrupciones.

Por otra parte, la nueva norma exigirá a los funcionarios de libre designación que ocupan estos puestos de trabajo de carácter directivo (niveles 29 y 30) cumplir ciertos objetivos que serán evaluados.

"Hemos creído que era necesario actualizar criterios y aplicar unos similares a los de los directivos de las empresas privadas o empresas públicas para hacer una Administración Pública más eficiente y eficaz", ha señalado.

Además se vinculará "una parte de las retribuciones al cumplimiento de objetivos y una parte del sueldo será variable".

Por otra parte, para que estas personas tengan cierta seguridad jurídica, la Ley establecerá una garantía de reserva de puesto de trabajo para que si deciden renunciar voluntariamente al puesto o si son cesados del mismo, puedan volver al puesto de trabajo de origen.

La ley establece la obligación de que todas las administraciones tengan relaciones de puestos de trabajo, incluidas las empresas públicas.

Para garantizar la promoción de los funcionarios de carrera, la nueva Ley recogerá que en las ofertas de trabajo se haga una reserva del 30 % para promoción interna.

Además se contempla la posibilidad de nombrar provisionalmente en un puesto superior a un funcionario de carrera que cumpla los requisitos que se exigen (y no nombrar un funcionario interino), y si es necesario cubrir esta plaza que queda vacante, que pueda ser cubierta con un funcionario interino.

En la Administración Local se permitirá que varios consistorios puedan "compartir" las tareas de un funcionario con la figura de las agrupaciones de ayuntamientos "para aquellos consistorios que necesitan ciertos perfiles de manera puntual, pero no un funcionario a jornada completa.

También se adecuará la situación de los secretarios, interventores y tesoreros a lo previsto en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Por otra parte, en el nuevo texto se recogerá los acuerdos sindicales recientes en materia de conciliación laboral y familiar, permisos, licencias por estudios y teletrabajo.

La Dirección General de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios está analizando las alegaciones recibidas para incorporar las que se considere oportunas y someterá el texto a negociación con los sindicatos.

Cuando se haya consensuado el texto, éste será remitido al Consell Consultiu, lo aprobará el Consell de Govern y se iniciará su debate parlamentario. Según Riera, la nueva Ley de Función Pública podría entrar en vigor en 2015.