Los pisos vacíos seis meses quedarán a disposición de los ayuntamientos

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha informado este viernes al Consell de Govern de las alegaciones incluidas en el proyecto de ley que el lunes se remitirá al Consell Consultiu, cambios entre los que se incluye la creación de la figura de "vivienda temporalmente desocupada" solicitada por el Consell de Ibiza.

El anteproyecto ya regulaba un registro de viviendas desocupadas para que los propietarios de más de diez pisos que los tengan en desuso dos años estén obligados a ceder temporalmente su gestión al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), que las destinará a alquiler social durante tres años y abonará una renta a los propietarios.

La figura intermedia de desocupación temporal de entre seis meses y dos años tiene como propósito dar herramientas a las administraciones locales para que fomenten el uso del parque inmobiliario de sus territorios y desincentiven el alquiler vacacional, ha explicado el conseller Pons.

En la rueda de prensa del Consell de Govern de hoy también ha abordado el asunto del arrendamiento de viviendas a turistas la portavoz, Pilar Costa, que ha contradicho el informe de dos profesores de la UIB según el cual el alquiler vacacional no encarece el precio de los inmuebles.

Costa ha subrayado que hay análisis de expertos que llegan a conclusiones opuestas y ha indicado que la "opinión política" del Govern es que el alquiler vacacional "tiene una repercusión en el precio del habitante cotidiano para los ciudadanos de las islas", al margen del debate sobre si esa influencia es mayor o menor.

Otra medida incluida en el proyecto final de la Ley de Vivienda es la fijación de una fianza equivalente a dos meses de renta a depositar en casos de alquileres residenciales, no los vacacionales, que están regulados por otra vía y sujetos a una autorización específica.

Así se dificultará que propietarios que alquilan pisos a turistas se amparen en que lo permite la Ley de Arrendamientos Urbanos, ya que la fianza obligatoria de dos meses resultará muy elevada para alquileres de corta duración.

Otras alegaciones incorporadas al texto que se remitirá al Consultiu antes de ser tramitado en el Parlament son medidas contra la pobreza energética y para garantizar que las entidades financieras no echan de sus casas o facilitan una alternativa a familias desahuciadas que carezcan de recursos.

Marc Pons ha destacado el carácter social de la futura normativa autonómica sobre vivienda, que pretende "potenciar al máximo el alquiler" a personas con dificultades de acceso con la creación de una bolsa de pisos administrada por el Ibavi.