El grupo ecologista GOB ha recibido un serio correctivo por criticar constantemente las decisiones del Govern y del Consell en materia de infraestructuras y territorio. Y lo ha recibido donde más le podía doler: siendo acusado de alterar el medioambiente de la manera más burda posible. El grupo que se autoerige como conciencia medioambiental de Balears desde hace más de 40 años ha sido expedientado por echar hormigón en los caminos de La Trapa con la justificación de mejorar los accesos en caso de incendio. El asfaltado de los caminos de La Trapa, una reserva natural propiedad del mismo GOB, fue denunciado por mallorcadiario.com el pasado mes de abril, en un reportaje en el que, además, podía observarse el abandono de las casas medio en obras de la finca.
Este viernes conocíamos el expediente sancionador a través de la Agencia de Defensa del Territorio del Consell de Mallorca. La sanción llega tras una incensante campaña de los ecologistas contra decisiones del Govern y del Consell, a quienes han criticado por su política de construcción de nuevas carreteras, por las áreas de protección de aves, los fondos de posidonia, las concesiones en parajes costeros, la política turística o, esta misma semana, por el plan de movilidad elaborado por la Conselleria de Transports. En su campaña contra el Pacte, el propio GOB llegó a conceder este año dos de sus premios "Cemento" al presidente insular, Miquel Ensenyat, y a la consellera Mercedes Garrido, "por su impulso a las grandes infraestructuras viarias".
El GOB no engaña y su ortodoxia mediambiental ha chocado siempre contra las políticas de desarrollo del territorio de todos los gobiernos baleares, fueran del signo político que fueran. El socialista Antich recordará el muro de ladrillos que le construyeron frente al Consolat en 2003, durante el primer Pacte de Progrés. En su ADN está oponerse a todo aquel que proyecte un kilómetro más de carretera o que idee cualquier nueva infraestructura turística.
El Pacte no ha podido más con el "Pepito Grillo" que constantemente le está cuestionando sus deciones ambientales, dejando en evidencia los valores progresistas y ecologistas de los que presume. El golpe ha sido en forma de sanción por algo que debe sacar los colores al propio GOB, por mucho que alegue la necesidad de las obras y que éstas se hallen al amparo de la legalidad. Se mire como se mire, echar cemento en los caminos de un entorno protegido es una pésima carta de presentación. Para cualquiera. Y lo es más para la organización que acuñó el término "balearización" para referirse a las construcciones junto a la costa y que tanto habló de cemento durante los últimos 40 años. Ahora sabe, además, que criticar a aquellos que preferirían verles como un aliado dócil no sale gratis y puede representarle un duro golpe para su credibilidad.
