Con el asunto del monumento del Parc de Sa Feixina de Palma todo el mundo parece haber perdido la cordura y el ‘seny’. Cuando en febrero de 2010, durante el mandato de la alcaldesa socialista Aina Calvo (PSIB) y siendo regidora de Cultura Nanda Ramón (PSM), se decidió no derribar el monumento a los fallecidos en el hundimiento del crucero Baleares erigido en 1948, tras valorar el equipo de gobierno un informe de la UIB, se acordó en aplicación de la Ley de Memoria Histórica contextualizar el monolito y retirar todo elemento de exaltación del régimen militar del dictador Francisco Franco. Se acordó con el consenso de todas las fuerzas políticas de Palma colocar una inscripción en cinco idiomas que explica que el monumento “es para la ciudad símbolo de la voluntad democrática de no olvidar nunca los horrores de las guerras y las dictaduras”. Pues bien, no se sabe por qué razón, el monumento ya no es lo que reza la inscripción, de tal forma que algunos de los partidos que forman parte del equipo de gobierno en Cort abogan ahora por demoler el monolito.
Estamos ante un ejemplo paradigmático de capricho político, de actuación basada en el fanatismo ideológico pisoteando los consensos alcanzados en 2010, ni tampoco a los informes de la UIB, ni tampoco y más recientemente a la petición de una entidad de defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural como es ARCA. Los mismos partidos, no otros, que entonces entendieron que el monumento no debía ser demolido, ahora cambian de criterio sin una demanda social perceptible y abogan por su destrucción en virtud de consideraciones estrictamente políticas. De esta forma, tan solo 5 años después de que PSIB y PSM (formación política matriz de la actual Més per Mallorca) cerraran el debate, ellos mismos lo vuelven a reabrir y eternizan la discusión. Y es que así no hay forma de avanzar, porque una sociedad incapaz de cerrar controversias y empeñada en mirar atrás permanentemente y en revisar lo hecho por sus antecesores, no puede jamás progresar.
Por su parte, el Partido Popular parece seguir el juego a los partidos de izquierda al proponer que el Consell de Mallorca declare Bien de Interés Cultural (BIC) el citado monumento, para evitar su demolición y subsidiariamente solicita que se lleve a cabo una consulta a la ciudadanía sobre la conservación o retirada del polémico monolito. Sobre la primera propuesta, convendría que quien la lanza aportase informes técnicos que aconsejen una declaración BIC, porque no se trata de una decisión política en absoluto, sino estrictamente técnica. Y por otro lado, proponer un ‘referéndum’ sobre algo así parece un despropósito. Antes habría que consultar a los ciudadanos sobre la implantación de la Ecotasa, o sobre el Palau de Congresos, o tantas y tantas cosas que verdaderamente son importantes para la ciudad, que no sobre un asunto absolutamente banal e intrascendente, que vuelve a estar en la agenda política únicamente por el radicalismo ideológico de algunos integrantes del equipo de gobierno municipal.
