El estado se esfuma en Son Sant Joan

El bochornoso episodio de la aeropatera se ha saldado con unas declaraciones de la Delegada del Gobierno de España en Balears, la socialista Aina Calvo, en las que manifiesta que el desvío de un avión a un aeropuerto español y posterior avalancha de 24 jóvenes huyendo en todas direcciones por las instalaciones aeroportuarias puede que incluso fuera un acto planificado.

Calvo es pedagoga, lo que explica probablemente sus carencias en conocimientos estadísticos. Pero, además, debe pensar que sus conciudadanos son tontos de solemnidad.

La probabilidad real de que un pasajero que compra un billete Casablanca-Estambul para viajar a Turquía por las razones que sean -porque tiene una novia turca, porque estudia allí, porque va en viaje turístico o porque tiene una oferta de trabajo- y en el transcurso de cuyo vuelo se produce un acto inopinado de indisposición grave de otro pasajero que precisa atención urgente y provoca un aterrizaje de emergencia en territorio español decida, espontáneamente, que en lugar de ir a Turquía, ya que estamos, se queda en España, para lo cual tiene que infringir una docena de leyes y correr despavorido por las pistas de un aeropuerto que se supone que no conoce en absoluto y del que ignora las medidas de seguridad es, literalmente, de cero coma cero.

La probabilidad de que esta descerebrada decisión la adopten repentina y simultáneamente 24 pasajeros de un mismo avión es ya de cero coma cero período.

Cierto es que la inteligencia no es un don que abunde en nuestra sociedad y que seguro que algún mentecato ha creído verosímil la posibilidad que todo este circo hubiera surgido por generación espontánea en el seno del avión, pero aun así Aina Calvo debería reprimir sus ganas de carcajearse de los ciudadanos para intentar tapar su supina incompetencia.

Porque el problema es que el aeropuerto de Palma, del que el Gobierno rechaza cualquier género de gestión compartida con la CAIB por razones estrictamente económicas -AENA es el último cortijo colonial del imperio español-, está 100% en manos de la administración del Estado.

Lo está por lo que hace a cuestiones crematísticas: cobro de slots y otros conceptos a compañías aéreas y de servicios aeroportuarios; arrendamiento a precios abusivos de locales comerciales a empresas, bares, tiendas; aparcamiento para usuarios, etc.

Pero el Estado monopoliza también cuestiones de orden logístico, como la ordenación y control de las operaciones aéreas y aeroportuarias, asistencia a emergencias sanitarias, servicios de bomberos y, cómo no, seguridad, a cargo de empresas privadas por lo que hace el control de equipajes, y en el resto de materias, fronteras, etc., responsabilidad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ello, sin mencionar la vecina e indisociable presencia de una base aérea del Ejército del Aire, donde se supone que además de militares, hay armamento y alguien vigila algo por si de repente nos ataca "el enemigo". Al menos, eso era lo que nos enseñaron cuando hicimos la mili y nos tocaba hacer guardia. Todo Son Sant Joan es, pues, una islote del Estado en Mallorca, cuya responsabilidad principal recae sobre los hombros de la Sra. Calvo.

Ni que decir tiene que la máquina de recaudar funciona como un reloj suizo de alta gama, sin fallos de ninguna clase. En eso, AENA es tan eficiente como el más codicioso de nuestros bancos. Ahora bien, cuando hablamos de partidas que suponen un gasto y cuyo retorno en las cuentas de beneficios es difícil de medir, entonces el Estado escatima todo lo que puede. Por eso, basta una cuadrilla de 24 jóvenes marroquíes sin estudios para dejar en el más espantoso y risible de los ridículos a los mandos de la Policía, Guardia Civil y Delegación del Gobierno.

En las pelis americanas de acción vemos que siempre hay un plan policial para sellar una determinada instalación o edificio si los malos cometen sus fechorías e intentar huir.

Aquí, no solo nadie vigilaba un avión procedente de un país con el que tenemos serios problemas fronterizos, sino que ni siquiera, tras la huida, se dieron las instrucciones para que se controlasen los puertos de Palma y Alcúdia, lo que propició que algunos de los fugados tomasen tranquilamente un barco a Valencia o a Barcelona donde, por supuesto, la policía también debía estar de vacaciones.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 fue probablemente la única funcionaria del Estado que estuvo esta vez a la altura, enviando a prisión a estos inconscientes, lo que ha contribuido a que este patético episodio no haya ocupado primeras portadas más allá de las fronteras de la Unión Europea, salvo en Marruecos y Turquía, supongo.

Pero, como inicialmente señaló Francina Armengol, aunque luego se mordiese la lengua por razones partidistas -antes socialista que sensata-, aquí hay que buscar responsables y hacerles pagar duramente, porque España entera, usted y yo también, ha hecho un papelón propio de una república bananera. El mensaje que enviamos a millones de turistas que nos visitan es que Son Sant Joan es la casa de tócame Roque, donde además de poder ver muchos aviones, un día igual te encuentras una bandada de marroquíes en estampida o, por qué no, otro día puedes toparte con una manifestación de los antiampliación -el inefable Domènech incluido- ocupando las pistas porque, de donde es fácil salir, seguramente también sea muy fácil entrar.

Calvo y sus subordinados de la Policía y la Guardia Civil en Balears no pueden estar ni un día más en sus cargos, si es que en este país queda una pizca de decencia.