La conselleria de Vivienda del Consell d'Eivissa ha mediado en 23 casos para evitar desahucios hipotecarios, realizando labores de intermediación entre los afectados y las entidades bancarias para garantizar que se aplique a los inquilinos la Ley de Segunda Oportunidad.
En todos los casos, han destacado, se ha logrado parar el desahucio de los afectados.
Según ha dicho, 22 de los 23 casos han llegado al Consell a través de la PAH, mientras que el otro ha sido a través del Consulado de Ecuador.
En la mayoría de casos, los afectados son familias con hijos menores, hay dos familias monoparentales y dos con personas enfermas o problemas de movilidad.
En todos los casos se han frenado los desahucios y excepto en cuatro, en los que se ha encontrado una solución definitiva, el resto de familias negocian las condiciones de una reestructuración de la deuda o la aceptación de la 'dación en pago', pudiendo optar a un alquiler social.
"Por desgracia, estas negociaciones acostumbran a ser largas y duras, lo que añade un plus de angustia y sufrimiento a las familias", ha dicho la consellera, quien ha explicado que "por ello, hemos pedido a los bancos celeridad en las negociaciones, agilizándolas al máximo y ahorrando más sufrimiento a las familias".
La consellera ha pedido a los bancos que, antes de vender los pisos vacíos, opten por cederlos al Govern a través del Ibavi y ha reclamado que las entidades faciliten un listado con las viviendas vacías que tienen en sus inmobiliarias, así como un listado de los casos que están en situación de impago por insolvencia sobrevenida y primera vivienda y que podrían sufrir un desahucio para "tener una imagen certera del estado actual de la problemática en la isla".
"Los bancos se han comprometido a facilitar estos datos, pero no es suficiente. También es necesario que cumplan con el compromiso de que no se repitan situaciones como la que se acaba de vivir en el residencial de Roca Llisa y que sea una prioridad el alquiler social o la cesión de pisos vacíos al Ibavi", ha dicho De Sans.
