El gobierno balear anuncia que va a alquilar un antiguo convento de Son Rapiña, en Palma, para alojar a 25 inmigrantes ilegales provenientes del ya desgraciadamente famoso barco “Aquarius”. Nuestras instituciones de gobierno pagarán 7.000 euros mensuales de alquiler durante 7 años, equiparán convenientemente el convento abandonado y lo dotarán de equipo sanitario y profesional. Desconocemos el coste económico, pero sí quien lo paga: Todos nosotros.
Mientras la asistencia social a la inmigración ilegal es rápida e inmediata, las ayudas a la dependencia, a la maternidad, las becas escolares o de comedor, no llegan a aquellos que con sus impuestos han contribuido y contribuyen a que esa asistencia social sea posible. Es más, los inmigrantes ilegales tienen preferencia para recibir esas ayudas sociales. Esta situación es manifiestamente injusta.
En mi casa procuro que a mi familia no le falte nada, si aún tengo capacidad económica para ayudar a alguien que lo necesita, lo hago, y lo acojo en casa, siempre que no sea un delincuente que pueda hacer daño a los míos. Lógico, ¿no? Extrapolen esa lógica al país.
Acoger a estos inmigrantes económicos, que no refugiados, es una irresponsabilidad vestida de gesto humanitario. Haciéndolo estamos colaborando con el negocio de la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. Les estamos indicando a las organizaciones criminales que sacan provecho económico de la desesperación de quienes huyen de la miseria donde tienen que establecer sus rutas de tráfico de personas. La situación geográfica de Baleares es ideal para estas mafias esclavistas. El efecto llamada está servido. Ahora son 25 en Palma. Dentro de poco serán 250, 2.500, 25.000… ¿Cuál es el límite a los millones de seres humanos que en África quieren acudir a un país que por el mero hecho de bajar de un barco les da más de 500 euros, alojamiento, ropa y comida?, ¿se han fijado que países como Emiratos Árabes o Arabia Saudí, riquísimos, no acogen a ninguno de estos inmigrantes siendo países culturalmente similares? ¿quién va a hacer frente a todos aquellos que ya no sólo vienen a servirse del esfuerzo y trabajo de los españoles sino a cometer todo tipo de delitos o a implantar la sharía? ¿quién se va a responsabilizar de las consecuencias delincuenciales que esta inmigración incontrolada ocasiona?
Además, lejos de resolver el problema, estas decisiones constituyen un agravamiento a largo plazo de este drama humanitario. Un drama que hay que solucionar en los países de origen.
El “Aquarius” no es una patera abandonada en medio del mar con riesgo de hundirse, sino un buque al servicio de unas ONG que tienen establecidos acuerdos con traficantes de personas que deberían investigarse judicialmente. Nadie está diciendo que se deje morir a la pobre gente en el mar. Pero no es el caso del “Aquarius” ni de otros barcos similares.
La inmigración se debe acoger según la necesidad de la economía nacional, de lo contrario, el país que acoge sin poder sostenerla se arruina.
Debería ser la política común europea de inmigración la que tuviera en cuenta las situaciones particulares de cada miembro de la UE. Necesitamos reforzar nuestras fronteras para que los que vivimos legalmente en nuestro país tengamos seguridad, trabajo y prosperidad; priorizando las ayudas sociales a quienes con su trabajo han contribuido a que existan. Pero esta reflexión no la van a oír de nuestros actuales gobernantes ni de los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, quienes rápidamente se han ido a sostener la pancarta de “ciutat de acollida”. Es el buenismo con el que España y Europa se suicida día a día. Actúa Baleares.
