Las votaciones de la semana pasada en el parlamento británico cumplieron fielmente las previsiones. Primero, se rechazó de nuevo la propuesta de acuerdo de salida negociado con la UE durante los últimos dos años. Después, se rechazó la posibilidad de un “brexit” duro, sin acuerdo. Finalmente, se rechazó la organización de un segundo referéndum y se aprobó facultar al gobierno de Londres a solicitar una prórroga de la separación más allá del 29 de marzo.
Pero la confusión en la política británica es de tal calibre, que no se han definido ni la duración ni el propósito exacto de esa posible prórroga. Todas estas idas y venidas de los británicos están irritando sobremanera a los dirigentes europeos, si bien de momento están adoptando una postura prudente, sin manifestaciones públicas contra el desaguisado en el que están empantanados el gobierno, la oposición y los súbditos de su graciosa majestad.
Del lado de las instituciones europeas, se están transluciendo dos posturas dispares. El negociador Barnier ha manifestado sin ambages su decepción, y un punto de irritación, con el comportamiento del gobierno y el parlamento británicos y opina que cualquier prórroga ha de tener una duración limitada y unos objetivos concretos, que no pueden ser otros que los de acabar de acordar las complicaciones administrativas de la aplicación del acuerdo. Es decir, si el parlamento de Londres no aprueba primero el convenio, la prórroga no tiene razón de ser. Esa parece ser también la postura mayoritaria entre los eurofuncionarios implicados.
Por otra parte, hay una segunda corriente de opinión, liderada por el presidente del consejo europeo, Donald Tusk, de conceder al Reino Unido una prórroga larga, hasta el 2020 como mínimo, a fin de que pueda con tranquilidad desarrollar los consensos necesarios para una salida ordenada o, incluso reconsiderar la posibilidad de un segundo referéndum. Esta postura sería minoritaria, aunque el peso específico del presidente del consejo le confiere, sin duda, un plus importante.
En cualquier caso, los jefes de estado o gobierno de los 27 países miembros no se están, de momento, manifestando y la decisión final les corresponde a ellos. Una prórroga larga tendría como consecuencia ineludible que el Reino Unido debería participar en las elecciones al parlamento europeo y sus diputados electos tomar posesión de sus escaños en la eurocámara, aunque fuera por un tiempo limitado. Todo este despropósito está haciendo crecer la irritación de las autoridades europeas con Theresa May y su gobierno y con los políticos británicos en general, cuyo desprestigio global empieza a ser mayúsculo.
Pero todo este embrollo podría tener una solución relativamente rápida si, como parece, los conservadores más euroescépticos, que hasta ahora se han negado en rotundo a aceptar el tratado con le UE, ante la evidencia de la resiliencia de la primer ministro, que se niega a dimitir, y el riesgo de que el “brexit” se aplace “sine die”, acaben aceptando el acuerdo y votando a favor cuando Theresa May vuelva a someterlo a la consideración de la cámara de los comunes.
En cualquier caso, el tiempo se les acaba a los británicos. Si volvieran a rechazar el acuerdo, la prórroga larga así como la participación en las elecciones europeas serían inevitables, añadiendo más bochorno y desbarajuste a la situación y poniendo de manifiesto la incompetencia, inutilidad y carencia de sentido de estado de toda una generación de políticos británicos y no solo de ellos, sino también de gran parte de su propios ciudadanos.
