Así, el 84 por ciento de los que han participado en la misma ve necesario establecer una regulación para esta cuestión.
Todo, después de saltar a la luz el caso de Ángel Hernández y María José Carrasco. El hombre fue detenido por ayudar a morir a su mujer, enferma terminal, y tras comparecer ante el juez quedó en libertad sin medidas cautelares.
Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que instruye el caso, se ha inhibido en favor de un juzgado de violencia contra la mujer y será éste quien le juzgue. La jueza entiende que cualquier acto violento hacia una mujer por parte de su pareja o expareja debe ser considerado violencia machista, tal como estableció una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
Tanto la Fiscalía como su abogado han presentado un recurso contra la decisión al considerar que su caso está “alejado” de ser violencia de género.