Tres de cada cuatro edificios de Palma no se someten a inspección técnica

Tan solo el 25% de las fincas residenciales de Palma que en el transcurso del presente año 2019 están obligadas a someterse a la revisión técnica del IEE (antes ITE), siglas que corresponden a la denominación de Informe de Evaluación de Edificios, han tramitado la documentación pertinente para llevar a cabo esta actuación. Eso supone que 3 de cada 4 fincas está incumpliendo esta obligación, a pesar de las severas sanciones económicas que acarrea este comportamiento negligente: en concreto, 600 euros por 'parte determinada', esto es, por unidad de vivienda y unidad de aparcamiento en caso de que se cuente con el título de propiedad de un espacio de estacionamiento en ese edificio en concreto.

Según el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Baleares, Pau Bonet, esta estadística, que parte de datos oficiales del Ayuntamiento de Palma, "pone de manifiesto que no existe en las comunidades de propietarios la suficiente concienciación" sobre la necesidad de mantener los inmuebles en buen estado.

De hecho, durante los últimos días, están proliferando en Palma las incidencias relacionadas con edificios en malas condiciones que deben ser desalojados tras detectarse la existencia de graves problemas estructurales que ponen en riesgo la integridad física de la finca. Tan solo en las fechas más recientes, se han producido emergencias de estas características en inmuebles de la calle Sureda (en el barrio de La Soledat), Joan Mestre (en la zona de Pere Garau) y la calle Riera, justo donde se levantaba décadas atrás la emblemática sala Astoria.

Garantías de seguridad y habitabilidad

En opinión de Bonet, estos sucesos "no ocurren por casualidad. La realidad es que un buen número de comunidades de propietarios se muestran indolentes a la hora de acometer reformas que, sin embargo, resultan imprescindibles para que el edificio ofrezca plenas garantías de seguridad y habitabilidad".

Ahora bien, ¿a qué se debe esta indolencia?. Para el presidente del Colegio de Administradores de Fincas "las razones son diversas, y cada situación es distinta. En muchas ocasiones, el origen del problema es económico, es decir, tiene que ver con el coste de las obras. Es cierto que los presupuestos a veces son elevados, pero, a mi juicio, los propietarios deberían cambiar el chip, y en vez de considerar un gasto el dinero que han de aportar para poner la finca en condiciones, pasar a valorarlo como una inversión".

En esta misma línea, Pau Bonet explica que la otra palabra clave cuando se hace referencia al mantenimiento de equipamientos residenciales es la prevención. Según comenta, el precio de una reforma "siempre es mucho más elevado cuando se espera a que surja la emergencia para acometerla. Por este motivo, resulta más conveniente que las comunidades de propietarios vayan realizando reformas paulatinas para impedir que el deterioro en la finca se vaya agravando. Si se actua desde esta óptica preventivo, la factura siempre será más barata. Lamentablemente, no todo el mundo lo ve así, y cuando se actúa es porque los daños son graves y, en consecuencia, el coste alcanza magnitudes más elevadas".

Morosidad

Bonet reconoce que entre los grupos de vecinos, sobre todo en edificios que acogen un gran número de viviendas, es habitual que exista un pequeño porcentaje de morosos, cuya actitud obliga al resto de propietarios a aportar algo más de dinero del que les correspondía. Aún comprendiendo el recelo de los dueños de pisos que se encuentran con esta situación, el presidente colegial es partidario de "pagar igualmente, porque si no se hace el problema del edificio seguirá sin resolverse, y, por otro lado, la ley prevé este tipo de impagos y, tarde o temprano, también los morosos se ven forzados, lo quieran o no, a afrontar sus obligaciones económicas".

A ello hay que añadir que las administraciones tienen habilitadas ayudas para hacer frente a los presupuestos de rehabilitación de viviendas. La dificultad reside, según Bonet, en que "el papeleo burocrático que se exige para disponer de estas subvenciones resulta tan complejo que muchos propietarios acaban desistiendo. De hecho, en la última convocatoria, el 85% de la partida que se había aprobado ha quedado en el cajón y sin ser utilizada".

Aunque inicialmente la inspección técnica de edificios constituyó una iniciativa de carácter municipal, la legislación actual marca un ámbito territorial y competencial más amplio, de tal manera que cualquier titular, independientemente de la ciudad o localidad donde se ubique la propiedad, está obligado a tramitar el IEE y realizar las rehabilitaciones que sean preceptivas, de acuerdo con los informes de los arquitectos y el personal técnico especializado.

En 2019, el IEE es de aplicación en todos los edificios con 50 años de antigüedad, es decir, los construidos en 1969. La inmensa mayoría de fincas que son inspeccionadas registran daños y deterioros, pero tan solo una pequeña parte presentan un mal estado estructural capaz de afectar a la seguridad del edificio.