El conseller de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Marc Pons, confirmó ayer en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el impuesto turístico que se implementará en 2016 "con ayuda o sin ayuda del Estado", en palabras del vicepresident Gabriel Barceló en el Parlament, será para todos los que se hospeden en establecimientos turísticos, sin que quepa eximir a los residentes en Balears. Esto, que es una obviedad dado que en materia impositiva y tributaria no cabe hacer excepciones por razón de origen o residencia, ha levantado una importante polvareda mediática y de una cierta indignación ciudadana.
En efecto, ahora se descubre que muchos de los que de forma entusiasta aplaudían que el Govern imponga una nueva Ecotasa que pagarían los turistas, ahora se muestran disgustados ante el hecho de que también ellos deban abonar el tributo cuando se hospeden en un hotel. Es el caso de Podemos, que ha advertido de que no dará apoyo a la Ecotasa en estas circunstancias. De este modo ya no están enojados solamente los hoteleros y los turoperadores, sino mucha más gente, lo que hará que la futura Ecotasa vuelva a ser profundamente impopular.
Esto es justamente lo que sucedió en la legislatura 2007-2011(durante el segundo Pacte de Progrés liderado por Francesc Antich), cuando el Ejecutivo minusvaloró la oposición a la Ecotasa, lo que a la postre contribuyó a su desgaste político hasta llevarle a la derrota electoral. Lo que guarda enormes paralelismos con el TIL de José Ramón Bauzá, quien también minusvaloró las protestas y la oposición social a su proyecto estrella.
El Govern debe reflexionar y evitar a toda costa incurrir en errores ya cometidos en el pasado y cuyo coste hubo que pagar dolorosamente. Calcar el proyecto solo le acarreará problemas. Y Podemos, además, no se presta al baile.
