El Gobierno, tras negar toda crisis, tras asegurarnos que aquí no había razón alguna para preocuparse, está redactando un Decreto Ley que aporte capital a las cajas, según anunció este lunes la ministra Salgado. La ministra, que reconoce así implícitamente que los tests de solvencia que se hicieron el año pasado fueron un engaño, señaló que el Decreto Ley estará en febrero y que, finalmente, no va a variar la estructura jurídica de las cajas, como pretendía el Banco de España. El máximo dirigente de La Caixa ha conseguido que las cajas mantengan su figura jurídica (lo cual es bastante cuestionable) porque el Gobierno no puede aprobar este decreto sin el apoyo de CiU, dado que después hay que convalidarlo como Ley en el Parlamento. El nuevo decreto vuelve a intervenir en las cajas, lo cual es obvio, dado que no están cumpliendo ni van a cumplir con sus obligaciones. El FROB les aportaba dinero pero a un tipo de interés elevado. Han podido seguir vivas, pero finalmente habrá que aclarar cuánto dinero adicional tiene que poner España. Y este es el punto crítico, clave, que podría descarriar las cuentas del país. Los más pesimistas dicen que el agujero puede ser de 150 mil millones de euros mientras que el Gobierno empieza a decir que con 20 mil millones bastará. Este debate no está cerrado porque ese agujero depende siempre de cómo se están contabilizando los préstamos a clientes. En estos momentos se sabe que el Estado entrará en el capital de las cajas (que deberán ser bancos para obtener estas ayudas), aportando dinero siempre que estas no encuentren recursos por su cuenta. La información que se ha dado admite de hecho que las cajas no van a poder devolver lo que deben al FROB y, tras negarlo todo, parece que empieza a emerger el agujero inmobiliario. El anuncio del Gobierno de este decreto que se aprobará en febrero también descalifica los tests de solvencia que se hicieron el año pasado. Obviamente, si todas las cajas estaban bien, no habría por qué inyectar capital. Las cajas que necesiten ayuda pública tendrán que convertirse en bancos. La ministra de Economía también explicó que se adaptarán las entidades a las exigencias de capital que se fija en Basilea y que deberá implementarse gradualmente para 2013.
