El sector náutico de Baleares se siente discriminado por el presidente del gobierno autonómico, Francesc Antich. Asegura que no le ha convocado a ninguna reunión en toda la legislatura y que ha delegado este asunto en la consellera Joana Barceló. También critica que no es tenido en cuenta en la toma de decisiones ni se le permite tener representación en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, pese a proporcionar el 50% de los ingresos directos de este organismo. Representantes de las asociaciones de centros de buceo, instalaciones náuticas, clubes náuticos, grandes yates, empresas náuticas, chárter y consultores, encabezada por la Cámara de Comercio, han presentado esta mañana en el Club Náutico de Palma sus propuestas para alcanzar una mayor competitividad frente a otros destinos mediterráneos. El sector lamenta que no se le haya tenido en cuenta en la elaboración de la ley autonómica de puertos deportivos, aprobada el año pasado sin incluir ninguna de sus propuestas. El presidente de la Federación de Empresas Náuticas de Baleares, Tomeu Bestard, ha criticado los “prejuicios ideológicos del PSOE sobre la náutica deportiva, que considera una actividad de ricos”, y cómo esta actitud bloquea el desarrollo del sector y le hace perder competitividad. Los empresarios advierten que la industria náutica de las islas se está deteriorando por “una política fiscal errática”, y reclaman que se elimine el impuesto de matriculación, que grava un 12% del precio de las embarcaciones y ahuyenta a las chárter hacia países como Francia e Italia, que no cuentan con este gravamen. El Estado recauda en Baleares 1,5 millones al año por este impuesto, que en 2009 apenas registró 123 declarantes, según datos de la Agencia Tributaria. “Una clara prueba de que las empresas no vienen aquí cuando pueden ir a otros países a realizar la misma actividad”, ha dicho Bestard. Otro ejemplo del desinterés de la administración autonómica es que desde el año pasado puede reclamar la gestión del cien por cien del impuesto “y no lo ha pedido”, según ha dicho Margarita Dahlberg, presidenta de la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares. Bestard asegura que eliminando el impuesto aumentarían la recaudación por IVA y el gasto en mantenimiento que se realizara en el archipiélago, pues se calcula que un barco invierte anualmente en este capítulo entre el 7 y el 10% de su valor de mercado. También se ha referido a la incertidumbre que viven las 19 instalaciones náuticas deportivas que en Baleares dependen del Estado, con concesiones que terminan en 2018 y sin saber cuál será su futuro, “lo que paraliza inversiones directas superiores a 200 millones”. Reclama igualmente que la competencia estatal se transfiera a la Comunidad Autónoma, cumpliendo el mandato del Parlament balear, y que se atiendan las necesidades de suelo industrial del sector para evitar que las empresas de Baleares se deslocalicen y busquen regiones más favorables a su actividad.
