La Junta Rectora del Consorcio para la Playa de Palma ha acordado hoy que se inicie un concurso público para la adquisición de bienes inmuebles en la zona. Este procedimiento, que supone la libre concurrencia en la compra de suelo, viviendas y locales, tendrá una duración mínima de un mes desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) y se realizará, según explica el Consorcio en una nota, con el objetivo de mejorar la calidad media de la oferta turística, llevar a cabo operaciones de esponjamiento y rehabilitar el parque edificado, entre otros. El Consorcio, como se establece en la Ley 8/2010, de 27 de julio, de medidas para la revalorización integral de la Playa de Palma, está habilitado para adquirir bienes inmuebles con la finalidad de llevar a cabo operaciones de reconversión, intercambio y transferencia de aprovechamientos urbanísticos. Con esta nueva propuesta, además de los procedimientos que puedan realizarse para la adquisición directa de inmuebles a través de mutuo acuerdo, se pondrá en marcha un concurso público para la adquisición de bienes patrimoniales, que tendrá una dotación presupuestaria de 15.500.000 euros en 2011 y 31.500.000 euros en 2012. La Junta Rectora ha aprobado el pliego de condiciones técnicas que regirá el concurso público para la adquisición de estos bienes patrimoniales. En este sentido, señala que las personas interesadas en vender alguna propiedad deberán presentar sus propuestas en las oficinas del Consorcio o enviarlas mediante correo certificado, en la que deberán incluirse la documentación del titular, documentación técnica y jurídica del inmueble y una propuesta económica que no podrá superar el precio por metro cuadrado que establezca la convocatoria del concurso público. Para la compra de cualquier vivienda, solar, suelo o local, el Consorcio deberá encargar la correspondiente tasación realizada por una empresa competente que tendrá que reflejar todas las características reales y de situación del inmueble. Una comisión técnica, formada por todas las instituciones que conforman la Junta Rectora, será la encargada de evaluar todas las propuestas recibidas durante el término que se establezca. La presidenta del Consorcio, a quien la Junta ha facultado para la convocatoria del concurso, encargará los preceptivos informes técnicos, jurídicos y económicos para la aprobación del expediente del concurso público, que podría iniciarse a finales de marzo.
