Deterioro progresivo del Estado

Es difícil describir las situación institucional, política y social por la que atraviesa España. La sociedad española creía que el Gobierno era el principal garante de la Constitución, de los derechos, obligaciones y seguridad de los ciudadanos y el responsable de la política interior y exterior del Estado. La praxis política comenzó a divergir de la Constitución desde marzo de 2004 tras los ataques extranjeros a Madrid, que propiciaron la llegada al poder de una versión obsoleta del Partido Socialista. El desgraciado 11M, puede identificarse como el hito que abrió abiertamente dinámicas disgregadoras del Estado, que se instalaron sin disimulos en su propia estructura y órganos de decisión. Es necesario recordar la trayectoria de España en lo que va del siglo XXI como referencia necesaria de los acontecimientos presentes.

El Gobierno de 2004 no se formó para integrar a España en las tendencias de futuro que se abrieron durante la última década del siglo XX con el desarrollo de las tecnologías de comunicaciones y computación, sino que inició un proyecto nostálgico para retrotraerse por el túnel del tiempo a los años de la Guerra Civil, habilitando legal y absurdamente relatos históricos que solo sirvieron para dividir a la sociedad. Es curioso como cuando el mundo estaba entrando en una nueva Era, el “progresismo” español practicaba, y practica, el “regresismo” histórico.

Dos legislaturas, 2004 a 2011, que coincidieron con cambios importantes en el Mundo. En 2008 el colapso de Leman Brothers marcó el comienzo de un nuevo ciclo. España, que iba de sonámbulo por la Historia, sufrió una gran recesión hasta el punto que presiones exteriores forzaron elecciones. El gobierno “centrista” salido de las elecciones de 2011 tuvo una difícil tarea en aminorar el impacto social y económico que heredaba, pero no revirtió los efectos de la narrativa retrógrada ni la gran ofensiva separatista. Llego a consentirse un referéndum separatista en Cataluña.

Empleando la moción de censura, las fuerzas anticonstitucionales contribuyeron a la formación de un “gobierno” dirigido por un personaje que decide en el cortísimo plazo, gobierna por gestos, en el que el valor de sus palabras es evanescente y que, para no ser menos a falta de proyecto concreto, prefirió abrazar cínicamente la nostalgia de la Guerra Civil antes de prepararse para el futuro. Golpes de efecto como la norma de gobernanza, ningún plan para integrar a España en la nueva Era. La asamblearia “cogobernanza” no existe en la Constitución .

¿Qué producto político ha producido la pseudo democracia española? Jarabe democrático, instituciones inanes, idiomas forzados, la incompetencia al poder, años sin resolver fraudes ingentes (ERES), atraso, despilfarro en subvenciones, manipulación informativa, mentiras, irrelevancia internacional, …

En esta situación surge la pandemia, respecto de cuya gestión existe una rara unanimidad sobre su deficiencia. El COVID-19 ha empeorado la situación española hasta conformar un futuro muy problemático, agravada por cada acción u omisión decida por el Gobierno; confusión permanente. Es un hecho objetivo que el ejecutivo nunca ha presentado un proyecto de legislatura y ha sido incapaz de utilizar con eficacia los instrumentos públicos ante la pandemia y siempre desde un cálculo político evidente.

El problema es que no es factible gestionar el marco económico y social, sin instituciones estatales solventes como es la existencia de un Gobierno cohesionado. Qué significa proponer dejar fuera de la política partidista el asunto de la pandemia. ¿Hay que dejar de ser, a tiempo parcial, “progresista” o de izquierdas, “moderado” de centro, separatista, derecha? Sólo es un asunto de solvencia política. En Portugal hay un gobierno de izquierdas y, sin embargo, solvente.

Es de sobra conocido que la estructura estatal de la Constitución de 1978 contiene, tanto por diseño como por interpretación interesada, ambigüedades estructurales que han provocado la progresiva desestructuración nacional. Ejerzamos la “moderación” institucionalizando la separación de poderes, el legislativo no nombra jueces, estos no responden a hipotéticas presiones del ejecutivo, el ejecutivo no deja sin efecto las resoluciones judiciales, el legislativo no propone legislar abiertamente en contra de la Constitución. No hay más Gobierno en España que aquel al que la Constitución le encomienda la dirección de la política interior y exterior, no hay más poder legislativo que las Cortes Generales, el poder judicial es único e integral representado por la Judicatura que tutela el cumplimiento de las penas.

Qué lejos está la política como servicio a la ciudadanía. En España se ha convertido en una farsa muy dañina. Es ante todo obsoleta y corrosiva.