Derechos y deberes fundamentales

El Título primero de la Constitución Española, últimamente tan comentada, reza “ De los derechos y deberes fundamentales” y, entre otros contenidos señala que “las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España”.

Cualquier vulneración de un derecho fundamental es, entre otras cosas,  inconstitucional. Colocados en esta tesitura deberíamos plantearnos cuáles son los derechos constitucionales que deberían primar, cuando nos encontramos frente a una colisión entre estos, es decir, cuando defender unos supone vulnerar otros.

Podría ser discutible si el derecho a la libertad de expresarse en cualquier forma es inconstitucional si se hace al amparo de leyes declaradas como tales. Sin embargo, poca discusión cabe cuando de lo que se trata es de comparar los derechos fundamentales y las libertades públicas tales como la integridad física y moral, o la libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y las opiniones, con otros preceptos de carácter más procesalista que también contiene el Texto Constitucional.

Hago esta afirmación para recordarles a quienes gobiernan que su mayor responsabilidad, al amparo del más alto nivel y rigor jurídico, es procurar que de sus decisiones no deriven conflictos sociales que puedan vulnerar los derechos fundamentales y los derechos humanos.

Para mí, si de esa decisión “gubernamentoconstitucional” que consiste en anular y suspender la consulta catalana, deriva cualquier clase de lesión a la integridad de alguna persona, una sola, habrán perdido toda su legitimidad quienes gobiernan porque ellos son los primeros, los más responsables de impedir cualquier atisbo de conflictividad social.

Rajoy pierde, si se ciega en esa batalla, la oportunidad de haberse convertido en un gran político, el que hubiera sido si se hubiera dado cuenta de que autorizar la consulta era lo más humano, lo más justo, lo menos peligroso y lo más prudente para la sociedad en su conjunto.

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