El Govern de les Illes Balears parece haber puesto en su punto de mira al sector del alquiler de vehículos sin conductor. Desde la Direcció General de Consum se han editado carteles y folletos que lo que hacen, sencilla y llanamente, es demonizar a un sector entero sin distinguir entre los que cumplen con la normativa y los que no lo hacen, lo cual es severamente injusto. Con el argumento de informar a los turistas -pues la campaña se ha lanzado en una oficina de información turística- de sus derechos a la hora de alquilar un coche, se lanza un mensaje contrario al sector entero, destacando que son muchas las reclamaciones recibidas desde Consum en los dos últimos años, pero lo mismo podría decirse -y hacerse- en el sector de las operadoras de telefonía móvil, el sector bancario y las compañías aéreas, por citar solo tres ejemplos.
En cualquier sector hay gente que cumple y gente que no lo hace. Gente que respeta los derechos de sus clientes y gente que los desprecia. El Ejecutivo autonómico tiene a su alcance herramientas legales para actuar contra las empresas pirata que no cumplen con sus obligaciones. Pero ensombrecer a un sector económico entero, que da trabajo y al que se dedican miles de trabajadores en Balears, es un acto de irresponsabilidad.
Lo peor es que no es la primera vez que se actúa así. De tanto en cuanto se lanzan mensajes de esta naturaleza contra sectores económicos que se considera que hay que meter en vereda, pero desde la Administración se sabe perfectamente quienes son los que se ciñen a la Ley y quienes la bordean e incluso la infringen. Pero esa información nunca se facilita, que sería lo mejor para proteger a los usuarios y consumidores.
