Palmesanos del mundo de la cultura, de la política, y también de la economía, siempre han coincidido en la lástima de que una ciudad con el encanto de la capital balear se permita vivir de espaldas al mar, y gracias a los planes presentados por Cort, ahora se puede identificar a algunos de sus responsables. Resultan muy vagos los argumentos presentados por la regidora Garví, en los que justifica el mantenimiento en pie del edificio de Gesa en que una ley del Consell tiene protegido al inmueble desde 2007, pues pasar la pelota sólo cuenta con credibilidad si al frente de la institución represora hay alguien de una formación distinta. Si verdaderamente los socialistas de Palma estuvieran a favor de acabar con un edificio –tampoco se atreven a descartarlo públicamente-, bastaría con que Aina Calvo buscase en su móvil a Francina Armengol, la llamase, y le pidiera que cambiase la Ley, como se suele hacer en estos casos. Aparte de que este caso representa un nuevo ejemplo del efecto de la duplicidad entre instituciones y las trabas que su existencia acarrea entre ellas, los votantes que se inclinaron por el socialismo hace casi cuatro años ven como un Ejecutivo progresista apuesta por decisiones más propias de la derecha. Por mucho que el inmueble de Josep Ferragut posea un alto valor arquitectónico, lo cierto es que para los mallorquines y los visitantes la entrada a Ciutat por el este lleva consigo una mueca de desencanto debido a una mole de 9 plantas de belleza cuestionable y con un impacto paisajístico incuestionable. La demolición al menos parcial del edificio supondría una oportunidad para que la ciudad retome su idilio con el mar, y de libertad para que un nuevo espacio mostrase un buen gusto mallorquín apto para ahora y para dentro de 40 años.
