Resulta difícil no entristecerse ante las noticias que llegan últimamente. Por resumir algunas:
-- Los presos del 1-O y adláteres toman posesión de sus escaños dejando claro que no piensan acatar la Constitución ("con lealtad al mandato democrático del 1 de octubre, al pueblo catalán, por la libertad de los presos exiliados y por imperativo legal prometo”, por ejemplo).
-- Se le afean a Amancio Ortega sus millonarias donaciones a la sanidad pública.
-- Cataluña comienza a fijar el precio del alquiler por ley.
-- Se destapa el caso de la tercera mujer miembro de Infancia Libre, que interponían denuncias falsas y secuestraron a sus hijos con tal de apartarlos de sus padres, mientras Podemos las presentaba en Cortes para sacar adelante medidas “de género”.
-- A nivel local, ayer, en el debate entre Company y Armengol, el popular asegura que nunca gobernará con extremistas (en referencia a Vox), y la acusa de pactar con la extrema izquierda. Como si Vox, Més o Podemos fueran equiparables. Ni en broma.
Se constata una vez más la radicalización del separatismo y de la izquierda. El primero demuestra que se encuentra cómodo al margen de la ley, y que piensa persistir en la vía unilateral hacia la secesión. Y la izquierda, pues sigue avanzando por el camino del socialismo que criticábamos el otro día: erosionando paso a paso el funcionamiento del mercado y la propiedad privada, que es lo que nos da de comer.
Mirado con perspectiva histórica, nos encontramos con que la derecha, a la muerte del dictador, cede voluntariamente el poder absoluto que detentaba (algo nunca visto en una dictadura de izquierdas), y pacta la Constitución con importantes cesiones, con tal de contentar e incluir a la izquierda y al nacionalismo. El pacto constitucional es claro: monarquía parlamentaria y comunidades autónomas. Y en ese marco, el juego democrático.
Pero a la primera oportunidad, tanto la izquierda como el nacionalismo comienzan con total deslealtad a erosionar el régimen, intentando cambiar las reglas esenciales acordadas: el PSOE deja a España que no la conozca “ni la madre que la parió”, empezando por el poder judicial y la separación de poderes (“Montesquieu ha muerto”). El nacionalismo, en cuanto llega al poder en 1980, aplica las medidas y presiones que acaban forzando la expulsión de 16.000 profesores hispanohablantes de Cataluña, incluyendo el tiro en la pierna a Federico Jiménez Losantos. Así impusieron la normalización lingüística. Hoy leía un tremendo hilo al respecto; lo tienen en mi muro de Facebook si quieren ampliar información.
Esta deriva es la que nos acaba trayendo, 40 años después, al punto donde estamos, quién sabe si de no retorno: viendo asomar una posible Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas (supongo que no querrán llamarlas Españolas). Dirán que les apoya el pueblo, y no les faltará razón. Desgraciadamente, el pueblo se deja llevar fácilmente por las ideas predominantes; es el llamado “efecto manada”: el sesgo cognitivo que facilita que sigamos al grupo, aunque contradiga nuestra propia información. Tendemos a adaptarnos. Y la educación y las televisiones, férreamente dominadas al gramsciano modo, van transmitiendo las ideas que les conviene. Y así, la monarquía parlamentaria con autonomías que fue acordada, se quiere transformar en una especie de confederación de repúblicas socialistas.
Como avisábamos la semana pasada con el ejemplo de Chávez y Venezuela, en cuanto veamos poner en marcha una reforma constitucional, convendrá pensar en hacer las maletas y echar a correr. O cargar con la cruz y ganarse el cielo, que también está bien.
