La decisión de rescatar la concesión del parking de Son Espases para que sea de uso gratuito ha acabado creando un problema notable. Desde el pasado 1 de enero, los usuarios no deben pagar por su utilización después de que el Govern renegociara el contrato con la concesionaria. La empresa adjudicataria recibirá una compensación anual de 1,1 millones de euros de dinero público al perder el negocio mientras que el Govern deberá, además, asumir todo el personal de la contrata como personal propio.
A priori, la idea de que los usuarios y trabajadores del hospital de referencia no tengan que pagar es buena. Pero la instalación se diseñó con algo menos de 2.500 plazas de aparcamiento pensando que sería suficiente para la demanda de pago. Ahora, con el acceso gratuito, el parking se llena enseguida y se siguen colapsando los accesos con coches mal aparcados. La Policía Municipal sigue sancionando las infracciones y la sensación es que la movilidad no ha mejorado ni siquiera con el bus lanzadera, cuya existencia es desconocida por una mayoría de los que acuden al hospital.
El Govern aprobó este viernes la prolongación del metro hasta Son Espases, una decisión acertada que reducirá notablemente los problemas de acceso al recinto hospitalario. Sin embargo, la nueva conexión tardará en construirse y no entrará en funcionamiento hasta el año 2021, por lo que los problemas de accesos tardarán aún unos años en solucionarse.
El efecto propagandístico de la gratuidad del parking parece diluirse, dado que son muchos los ciudadanos que siguen sufriendo serios inconvenientes a la hora de acudir a Son Espases. Lo preocupante es que la decisión política, no exenta de demagogia, tiene un coste que acaban pagando todos los ciudadanos de la comunidad, sean o no usuarios del hospital. El episodio recuerda el producido hace un año cuando el Consell de Mallorca rescató la concesión del túnel de Sóller y abonó a la concesionaria 16 millones de euros para que los conductores no tuvieran que pagar. A esa cantidad, hay que sumar 29 millones más para acondicionar una nueva vía de evacuación y lo que la concesionaria logre por vía judicial tras reclamar que el coste abonado por el Consell no compensa los ingresos previstos durante lo que quedaba de concesión.
Con acciones como estas, se vende públicamente la gratuidad del servicio para los usuarios, pero se acaban pagando muchos millones que salen de las arcas públicas; una demagogia económica que no sale gratis y que, en algún caso, como en Son Espases, ni siquiera acaba solucionando el problema.