La capacidad humana de adaptación tiende al infinito. Así se explica la supervivencia de nuestra especie a las olas de calor cuando ni siquiera se había inventado el abanico. Más allá de la latitud de un territorio, otras condiciones que no tienen que ver con la temperatura influyen en la manera de afrontar el bochorno. Por mucho que insista el telediario en los peligros de la radiación solar, a cuarenta grados en una calle de Kinsasa hay que estar más preocupado por morir de manera violenta que por un golpe de calor. No es que se acostumbren a sudar, que también, es que lo llevan de otra manera. Esto es lo que de un tiempo a esta parte viene sucediendo en España con las tonterías políticas, que se integran en nuestro día a día como el hilo musical de un ascensor.
Nos estamos acostumbrando demasiado al uso de una neolengua política similar a la que emplean los malos sumilleres tras probar el vino: los asistentes a la cata asienten con la copa en la mano sin haber entendido nada. Comparece una ministra o un portavoz parlamentario, da vueltas en su boca a las palabras durante un enjuague interminable, y finalmente escupe una parrafada incomprensible. El resto debemos hacer como que hemos entendido algo.
Si esta verborrea vacía la empleara un oncólogo nos asustaríamos, por eso nos habla claro. Procede con tacto si las noticias sobre la biopsia no son buenas, pero necesita que entendamos el problema porque está hablando de algo serio. Nadie discute este requisito de claridad aplicado a la ciencia médica porque la imprecisión supone un riesgo para la salud. Por eso no se entiende la insistencia de los políticos más mediocres en emborronar la ciencia jurídica con expresiones ambiguas. Una condena penal puede ser algo tan serio como el cáncer.
Un par de madres superioras se han quitado el hábito para disimular y han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que pretende castigar “el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de carácter económico”. Ya está todo escrito sobre el brindis al sol que supone prohibir un oficio tan viejo como las olas de calor. No hay nada que añadir a la flagrante contradicción según la cual una mujer es dueña absoluta de su cuerpo embarazado, excepto a la hora de decidir libremente si cobra o no por acostarse con alguien.
Lo peor de este empeño abolicionista de la prostitución no es su inutilidad, sino el profundo desconocimiento que transmite sobre la vida misma. Esta palabrería tosca, de brochazo populista, puede servir para unas notas sobre el atril de un mitin en Dos Hermanas. Pero en la descripción de las conductas que merecen un reproche penal es preciso hilar un poco más fino. Las columnistas más agudas han escrito bromas sobre el coste de un Grand Cru de Burdeos en la cena previa al polvo con un ligue, o sobre el precio de un Birkin de Hermes, pero no han llegado a la osadía de describir la situación de un buen número de matrimonios.
Nadie negará que existen mujeres casadas que se avienen a un coito mensual -quizá dos- con sus maridos a cambio de mantener un status económico y social, y una vida aparte discreta. Son situaciones de conveniencia, pactos tácitos y civilizados que este nuevo puritanismo señala con el dedo a través de una redacción tan ambigua como peligrosa: “cualquier tipo de prestación de carácter económico” es una VISA para visitar una zapatería.
La prometida liberación femenina ha devenido en un paternalismo insultante para miles de mujeres que, además de igualdad salarial, pretenden acostarse con el más generoso, o el más tacaño, pero decidirlo ellas. Ha tenido que ser una abolicionista la que definiera a una mujer prostituta como un “vaciadero de fluidos”. Ningún putero se había atrevido a tanto.
