Las nuevas normativas de Costas sobre las instalaciones temporales y chiringuitos en las playa ha puesto contra las cuerdas a numerosos negocios del litoral de Mallorca que, en algunos casos, llevan practicando esta actividad durante décadas. Ante la falta de seguridad jurídica, el riesgo cierto de cierre y los efectos medioambientales adversos que tiene la nueva normativa, los empresarios que disponen de concesiones temporales en la costa de Mallorca se han unido en una nueva asociación -Adopuma- que pretende defender sus intereses ante la administración.
Los afectados piden normas claras y una reducción de la burocracia, aunque se quejan, sobre todo, de la prohibición que la Demarcación de Costas ha dictado para no autorizar algunas instalaciones temporales de establecimientos de restauración y chiringuitos de playa. Esta decisión de la administración impide, entre otras cosas, poner mesas en la arena, en zonas delimitadas que hasta ahora permitían ofrecer un servicio de restauración en muchos casos de alta calidad.
La decisión de Costas dice priorizar la preservación del medio ambiente y los ecosistemas dunares, pero en la práctica la eliminación de esta oferta de restauración lo que está provocando es un mayor consumo de comida transportada a las playas por los mismos bañistas -desde supermercados o su propia casa- que generan gran cantidad de residuos -bolsas, papeles...- que a menudo acaban esparcidos por la playa. Al incremento de esta basura hay que añadir el aumento de la venta ambulante ilegal de frutas o bebidas que ha copado ahora estos espacios.
Por otro lado y desde el punto de vista económico, la viabilidad de los concesionarios queda notablemente comprometida con esta prohibición, al igual que el empleo que creaban, ya que, en muchos casos de los que pueden mantener abierta la parte del restaurante que no está sobre la arena, las contrataciones se han reducido a una tercera parte.
Lo que ahora se niega a los concesionarios es un sistema que se ha venido desarrollando sin problemas durante sesenta años, siendo ellos, probablemente, los primeros interesados en mantener el entorno natural que ha sido el atractivo para la llegada de multitud de turistas. La administración debería mostrar la empatía suficiente en este conflicto para entender que este tipo de servicios configuran una oferta complementaria de calidad, en línea con el tipo de turismo que la propia administración propugna. Si queremos que vengan menos turistas pero que gasten más no se va a conseguir obligándoles a llevar bocadillos a la playa.
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