El ajuntament de Palma deberá pagar una indemnización de 46.000 euros al propietario de una discoteca de Cala Major, por su cierre ilegal en el año 2009 ya que desde el departamento de gerencia de Urbanismo se dictó la orden de cierre al estimar que el local carecía de liencia de apertura y funcionamiento.
El juzgado de lo Contencioso administrativo número 2 ha condenado a Cort al entender que la decisión tomada por el área dirigida por Fernando González es "a todas luces errónea pues de lo contrario a lo sostenido por el consistorio, la actividad disponía de ese permiso desde el 11 de octubre de 1977".
El auto además carga duraente contra la decisión del área de Urbanismo, al entender que a posteriori argumentó otros defectos para soportar su decisión inicial, cosa que es totalmente inadecuada e ilegal, pues "tal forma de actuar además de ser contrario al principio de legalidad, genera indefensión en el administrado", sentencia.
