UOB y el STEI, dos de los principales sindicatos de la enseñanza pública, han declarado la guerra al control horario que la Conselleria ha implantado este curso en línea con lo que se exige a la totalidad de empresas de este país.
Haciendo uso de argumentos que se basan en usos y costumbres inveterados, pero de dudoso encaje legal, estos sindicatos abogan por la eliminación de este control, que juzgan ofensivo y contrario a la confianza que debieran merecer los docentes por la importante misión social que tienen asignada.
Vayamos por partes. El control horario implantado por el Gobierno Sánchez en todas las empresas es sencillamente demencial. Para evitar ser acusados de discriminación, y con el fin de atajar un problema muy concreto que se daba en sectores bien identificados -construcción, restauración, hostelería y comercio, básicamente-, en los que abunda la infracotización de los trabajadores, la ministra de trabajo socialista, Magdalena Valerio, decidió que la solución era el 'café para todos', sin pararse a contemplar ni una sola de las peculiaridades horarias de cada sector, y mucho menos del educativo, que siempre está a la cola de las prioridades de cualquier gobierno, sea del color que sea.
El control horario en un centro educativo, tal y como lo diseñaron los linces ministeriales, es muy, pero muy complicado. Y lo es no porque no exista un sistema de control de las horas que imparte cada profesor -quizás es el segmento de población activa más controlado desde hace décadas-, sino porque el sistema implantado desde el Ministerio de Trabajo está pensado únicamente en actividades con unos horarios fijos y regulares, sin pausas de descanso durante la jornada a distintas horas, sin recreos, sin preparación de exámenes o programación de clases, sin consejos escolares ni tutorías, etc.
Aun así, la escuela privada y la concertada no han tenido otro remedio que intentar adaptarse a una decisión política que está llenando los bolsillos de las empresas comercializadoras de dispositivos y programas de control horario.
Por tanto, podemos decir que los sindicatos de la ensañanza pública tienen razón, aunque no toda la razón, porque desde la óptica del control empresarial y del cumplimiento de normativas como las de protección de datos o de seguridad y salud en el trabajo resulta indudable que aquellas tareas que los docentes acostumbraban a hacer en la camilla de su casa escapan por completo a cualquier sistema de verificación objetiva. Nadie duda de que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, ese trabajo se hacía, porque el resultado es comprobable, pero la labor de un funcionario docente o la de un profesor de la enseñanza privada debe desarrollarse por completo en su centro para poder cumplir con las exigencias normativas.
La norma debe adaptarse a las peculiaridades de un sector con muchas variables, pero ello no puede esconder privilegios de clase alguna.
