Las nuevas restricciones que entrarán en vigor este viernes pretenden acotar la propagación del coronavirus que sufren determinadas zonas de las islas, principalmente en Palma y en Ibiza. En la capital, uno de cada diez ciudadanos quedarán confinados en las cinco zonas que, de momento, han sido aisladas con severas restricciones de movimiento y de la actividad comercial. En total, 43.000 vecinos que sólo pueden salir del área delimitada para acudir al trabajo, al colegio o por alguna otra cuestión de estricta necesidad.
La medida, que se aplica en función de criterios epidemiológicos, no deja de evidenciar la pésima situación de Baleares respecto a la pandemia, con un aumento constante de contagios y un balance diario de víctimas mortales que no cesa. Una situación preocupante que pone de manifiesto que aún estamos lejos de controlar la evolución sanitaria de la enfermedad y que anuncia la ampliación de restricciones a otras zonas en el momento que los datos epidemiológicos se disparen.
Para que todo este esfuerzo surta efecto, sin embargo, es necesario contar con medios que aseguren el cumplimiento de los confinamientos decretados. De poco sirve publicar en el BOIB la norma si no se disponen recursos para informar y vigilar su cumplimiento.
La vuelta al colegio, la llegada del otoño y el retorno a los espacios cerrados no contribuyen a mejorar la situación, por lo que conviene redoblar esfuerzos que abarquen desde las decisiones de los responsables políticos -no adoptando sólo prohibiciones- a las responsabilidades individuales de los ciudadanos. Sería un fracaso de la sociedad y del sistema recurrir a un nuevo confinamiento como el de la primavera; o lo que es lo mismo, ir ampliando las zonas de confinamiento hasta la totalidad del territorio, que es lo que estamos empezando a aplicar en nuestras ciudades.
