Las prisas son, en política, malas consejeras. La presión de determinadas organizaciones para que se organizase con celeridad un sistema de atención a los menores que permitiera la conciliación de la vida laboral de sus padres tan pronto como se comenzase a normalizar la situación ha provocado que las administraciones acudan a fórmulas de dudosa legalidad.
Se intentó primero con los centros educativos que, obviamente, custodian a los menores durante el período escolar, pero más como efecto secundario que como finalidad en sí misma del proceso educativo. Eso no ha funcionado, en primer lugar, porque estamos a final de curso y no es posible ni razonable privar de vacaciones a los docentes. En segundo lugar, algo que hemos tocado con las manos durante el estado de alarma, el proceso educativo puede llevarse a la práctica, en gran medida, sin necesidad de esa custodia, es decir, sin presencia física en los centros. Otra cosa es que eso sea pedagógica y socialmente aconsejable. Por tanto, exigir a la escuela hacer de simple guardería no tiene sentido.
Ahora, el Govern plantea ayudas para que el cuidado de los menores -se supone que de los más pequeños- pueda encargarse a figuras difusas como las de los canguros o de voluntarios universitarios.
Este terreno es tremendamente pantanoso, porque una cosa es que un joven haga de canguro de sus primos o de sus vecinos en un momento puntual para que sus padres puedan salir a cenar, a cambio de un obsequio o propina, y otra bien distinta es tener a cargo la custodia de menores de forma habitual y durante el horario de trabajo de los progenitores.
En este segundo supuesto, hay instituciones totalmente legales y profesionalizadas cuya finalidad es, precisamente, atender a los párvulos, como son las guarderías asistenciales y, en gran medida, también los centros educativos 0-3.
Subvencionar actividades extralegales alternativas a las de estos centros es minar su recuperación económica y la de sus trabajadores, y eso es muy peligroso e injusto.
Además, ¿se va a dar de alta al canguro o se pretende que las familias se marquen un 'Echenique' defraudando a la seguridad social?
En el caso de los voluntarios, sucede tres cuartos de lo mismo. La Ley del Voluntariado limita la actividad del voluntario a toda aquella que no suponga la absorción de un puesto de trabajo. Aquello que se pueda cubrir con una relación laboral, la ley impide que se haga mediante voluntarios que, además, en su mayor parte, reciben una retribución encubierta, como viene sucediendo en muchos clubs deportivos. De nuevo subyace aquí el infraempleo y el fraude a la seguridad social.
¿De verdad es esto lo que quiere el Govern? ¿Y los sindicatos?
