JAIME ORFILA. Comunidad rica
La reducción del déficit público del 4,19 al 1,8 % del PIB, en el año 2012, es una muy buena noticia. Es un dato objetivo muy favorable. El coste de la deuda es una carga importante para los ciudadanos. La cifra actual de déficit es equivalente a la del 2007, año en el que se finalizó un ciclo de modernización, con actuaciones que dieron respuesta al déficit histórico en infraestructuras públicas; caracterizado por inversiones elevadas en los ámbitos del transporte, centros sanitarios, instalaciones deportivas y en el área del medio ambiente (agua y residuos).
Las actuaciones que han contribuido a la reducción del déficit son muy variadas. Las más importantes tienen relación directa con la reducción de los salarios públicos, la disminución de entes prescindibles, la propia factura farmacéutica ha bajado en 23 millones de € y el gasto corriente se ha contenido. El capítulo de ingresos ha recibido un pequeño respiro, menos del esperado, por el incremento del IVA, el céntimo sanitario y el IRPF. Las inversiones estatales no han ayudado. No podemos seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades y es imprescindible ajustar el gasto a los ingresos. Todas las medidas ha sido importantes y la mayoría muy costosas para los ciudadanos.
Con todo, el turismo es una de las actividades económicas que más ha resistido la crisis y en este sentido, con Canarias y Madrid, conformamos las tres únicas comunidades que mantienen la balanza de las prestaciones sociales de la Seguridad Social con resultado positivo. Contribuimos de forma solidaria al resto del estado.
Hay que saber valorar estos datos y el esfuerzo realizado.
Comunidad pobre
A pesar de los tímidos síntomas de recuperación, no podemos perder la visión integral de nuestra economía y de los elementos que la conforman. Nuestra actividad económica no está diversificada y soporta altos costes productivos. A día de hoy somos una comunidad pobre. Una administración pobre porque además la riqueza se mide por muchos otros indicadores distintos del equilibrio contable y la riqueza va mucho más allá de donde es capaz de llegar el capital.
Tenemos una comunidad pobre porque ha preferido que las pérdidas de las cajas de ahorros las afrontara el ciudadano con sus impuestos, en vez de los propios acreedores. El precio de los inmuebles, verdadero lastre de la economía pública vinculada a las entidades de crédito, protegidos por la administración, presentan bajadas muy inferiores al resto de países de nuestro entorno, que con la reentrada de los activos en el mercado inmobiliario, han recuperado la senda del crecimiento.
Nuestro tejido productivo está deteriorado y sin capacidad real para generar empleo neto. No se está afrontando la verdadera reforma y el adelgazamiento estructural de la administración, adecuándola a las necesidades. Persisten los solapamientos de competencias entre administraciones y los ajustes políticos siguen siendo estéticos y no terapéuticos. Hemos apostado por el recorte y el aumento de la carga impositiva en vez de la reforma estructural.
Somos una comunidad pobre porque no es capaz de generar confianza y la generación mejor formada de la historia tiene reducidas expectativas de futuro.
El coste de oportunidad
La administración no capitaliza la parte de oportunidad que conlleva toda crisis. En este caso, la oportunidad de adelgazar la administración y reducir el número de políticos y de asesores. Somos una administración más pobre, porque se toman decisiones con un coste de oportunidad muy alto. El coste de oportunidad es el valor que tiene el no haber tomado una decisión distinta ante una determinada situación; el valor de la mejor opción no realizada. Que las alternativas a las decisiones tomadas tengan sean más validas que las elegidas no es bueno para el futuro de nuestra economía.
Para justificar la afirmación anterior, en el ámbito de la salud, me centraré en tres aspectos, a modo de ejemplo, que nos hacen más pobres; acciones que reducen prestaciones y cuestan dinero, la falta de apoyo a la investigación y a la innovación y una política de nombramientos poco afortunada.
El horario de apertura de los centros de salud se alargaba hasta las 21h. Las tardes se cubrían con el solapamiento de jornada de los profesionales. El horario de atención Se ha reducido hasta las 17.30 horas. Para cubrir esta franja horaria se han tenido que aportar nuevos recursos. Se ha reducido la accesibilidad de los pacientes y se han aumentado los costes.
El tejido de investigación en salud se está desmembrando por unos pocos euros. La falta de apuesta por el conocimiento y la investigación es alarmante. Somos la única comunidad que no ha renovado el convenio de colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Sanidad, que facilita la investigación competitiva, aporta fondos y permite la integración en redes nacionales de investigación. No se facilita la entrada de fondos aportados por la industria para nuevos proyectos de investigación y con ella, se reducen los overheads disponibles, porcentajes del proyecto que quedan para el centro y los investigadores. El resultado, disminuyen los recursos disponibles y la actividad investigadora. Un número significativo de investigadores, líderes en sus ámbitos están haciendo las maletas, hacia Cataluña, Irlanda, … y otros, directamente al paro.
La errática política de nombramientos tiene un nuevo episodio en la renovación de la gerencia del área sanitaria de Menorca. La apuesta por un perfil aparentemente no apropiado y la no adecuación del mismo a la legislación vigente [i] que dice que el gerente de un hospital debe estar en posesión de titulación universitaria superior y tener experiencia suficiente para el desempeño del cargo, ha generado una nueva brecha entre los profesionales y el ejecutivo; asombro, incredulidad y zozobra en la sociedad.
Si, la falta de rigor en la toma de decisiones, la inexperiencia directiva y el clientelismo nos hacen menos competitivos y más pobres.
[i] Orden de 28 de febrero de 1985 "por la que se establecen los órganos de dirección de los hospitales y la dotación de su personal, regulando la provisión de los cargos y puesto correspondiente" -BOE nº 55 de 5 de marzo de 1985-