Comienza el juicio por el llamado 'Caso Playa de Palma'

La sección primera juzgará a un empresario de la Playa de Palma, a un oficial de la unidad nocturna de la Policía Local que luego fue subinspector jefe de la Patrulla Verde, a ocho agentes más y a un funcionario del área de Urbanismo.

El empresario, propietario de cuatro clubes en la Playa de Palma, se concertó con funcionarios del Ayuntamiento de Palma y con policías locales para que ejecutan o dieran órdenes "ilegales, antirreglamentarias y arbitrarias" para beneficiar sus negocios, a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas en sus clubes de alterne y locales de ocio, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

Entre las actuaciones que recoge el escrito de acusación, cometidas entre 2007 y 2015, figuran preavisos a los locales de inspecciones y actuaciones policiales y no tramitación de denuncias. Con esa información, el empresario daba órdenes a sus encargados para evitar que estuvieran trabajando los empleados cuya situación laboral no estaba regularizada y para controlar las incidencias del local antes de las inspecciones.

Según el fiscal, también un funcionario del departamento de Urbanismo de Palma, que intervino en cuatro expedientes de obras en los locales, recibió trato de favor en los negocios y dádivas.

También hubo actuaciones arbitrarias "al servicio" del empresario por parte de la Policía Local, con "plantones" de agentes, que se apostaban uniformados frente a uno de los locales para disuadir a carteristas y evitar menudeo y aglomeraciones de botellones. En caso de problemas de orden público en algún local, los encargados de esos locales llamaban directamente a unos policías locales en concreto.

La Fiscalía pide 5 años de prisión para el empresario, acusado de cohecho activo continuado, y una multa de 60.000 euros.

Para el subinspector de la Patrulla Verde pide 4 años y medio de cárcel y multa de 48.000 euros por cohecho pasivo continuado y 10 años de inhabilitación para cargo o función pública por 10 años por prevaricación continuada.

Para los otro ocho policías locales y el funcionario de urbanismo la Fiscalía pide 4 años y 6 meses de cárcel y multas de 48.000 euros por hecho pasivo continuado e inhabilitación por 10 años.