El caso de Cesgarden ha saltado de nuevo a la actualidad. Reclaman los promotores una indemnización de 11 millones de euros, que hay que sumar los 29 a los que ya tienen derecho vía sentencia judicial. La compañía, además, reclama un pago en el plazo improrrogable de un mes, so pena de reclamar una multa al equipo de gobierno del Consell.
Esta política de exigencias es criticable, claro está, pero respetable: a la mercantil se le han reconocido una serie de derechos y ahora los exige. Como seguramente haría cualquiera de nosotros. Pero la lectura no puede ser superficial en este tipo de casos, y hay que ir al núcleo de la cuestión, al fondo. Unos acusarán a la hotelera por su voracidad, aunque la justicia haya dicho que lo suyo es suyo; otros buscarán quien tuvo la culpa (el PTI cocinado por PSOE y PSM), y los cocineros del Plan Territorial, origen del conflicto, señalan al equipo de gobierno del Consell por no haber defendido el caso como ellos sí habrían hecho.
El resultado, más allá de estos dedos acusatorios, es que las arcas públicas de la isla tendrán 29 millones de euros menos (o 40, ya se verá si prospera la nueva reclamación). El caso Cesgarden, o caso PTI, ha superado ya la barrera política, y se ha convertido en un caso económico. Una cantidad que lastra la capacidad del Consell como no lo había hecho nada antes. Y mientras observamos como no hay responsabilidades, ni se toman medidas más allá de las manidas acusaciones. Pero de lo que se espera de un representante público, de una formación política que tomó unas medidas tan caras para la sociedad, nada. De eso nada de nada.
