Cercenando la democracia

Cercenando la democracia

La ley de tasas ha cumplido un año y en este tiempo se han podido constatar sus efectos: se ha barrado el paso a miles de ciudadanos al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En el ámbito civil los asuntos se han reducido un 13% y en la jurisdicción contencioso administrativa un 45%. Alguno podrá pensar que la reducción de litigiosidad es un efecto beneficioso de las tasas judiciales. Como solución al problema de la acumulación de asuntos en Juzgados y Tribunales sería comparable a combatir las listas de espera médicas matando a pacientes. Contra las tasas judiciales, lleva alzado un año el sector de la Justicia. Jueces, Secretarios judiciales, fiscales, procuradores, abogados... sectores de difícil encuadre en los cánones de lo que la extrema derecha pretende ridiculizar con el apelativo "pancarteros".  La ley de tasas, amén de concentraciones, protestas, campañas y acciones encabezadas por el Consejo General de la Abogacía, acumula cinco recursos de inconstitucionalidad en contra y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional planteó cuestión de inconstitucionalidad por cuanto la aplicación de las tasas judiciales pueden limitar el acceso a la Justicia resultando un "impedimento innecesario" al ejercicio de la tutela judicial efectiva.

En el caso de las tasas judiciales, no son los "pancarteros" de siempre quienes se muestran preocupados por la supresión de derechos que estamos viviendo. Es necesario, para salvaguardar la Democracia y algún día poderla recuperar del estado enfermizo en el que nos la han metido, que alcemos la voz reclamando la restitución de los estándares democráticos mínimos para no terminar perdiendo los contornos del concepto. De momento sólo nos los están difuminando, pero, si no les paramos los pies, dudo que por su cuenta se detengan.

Y para celebrar el primer aniversario de las tasas judiciales, se nos obsequia con el anuncio de una reforma de la ley de seguridad ciudadana que, en el ámbito gubernamental (es decir, político), pretende endurecer las sanciones por, simplificando, "protestar". Cierto es que si se nos llega a sancionar económicamente en vía administrativa, siempre tendremos la posibilidad de recurrir la sanción ante los Jueces y Tribunales. Previo pago de la correspondiente tasa, evidentemente.

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